Han pasado casi tres años y medio desde que la planta desaladora construida en el municipio de Cuevas del Almanzora fuera seriamente dañada por las riadas de septiembre de 2012. Desde entonces está fuera de servicio y a la espera de las obras de reparación necesarias para hacerla operativa.
Esta situación ha sido denunciada por los diputados nacionales del Partido Socialista Sonia Ferrer y Juan Giménez, que han solicitado al Gobierno central que proceda a la reparación y ponga en servicio la planta en el menor plazo de tiempo posible.
De esta iniciativa parlamentaria, presentada en el Congreso de los Diputados, dieron cuenta ayer ante el alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández Liria, una iniciativa en la que se detalla que en los Presupuestos Generales del Estado de los años 2014, 2015 y 2016 se han recogido inversiones destinadas a las obras de la desaladora “sin que en ningún momento se haya ejecutado ninguna de esas inversiones”, afirma Sonia Ferrer.
Acuamed
Los socialistas han llevado el caso al Congreso para interpelar al Gobierno ante las dudas surgidas por la apertura de una investigación por un presunto caso de corrupción cometida en la gestión de la sociedad pública Acuamed. Ferrer y Giménez sostienen que los usuarios de la desaladora del Bajo Almanzora “no pueden ser los perjudicados por esta situación y por la falta de diligencia y eficacia del Gobierno de España a la hora de conseguir que vuelva a estar operativa”.
El alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, coincide con los dos diputados almerienses en que es precisa la restitución de esta infraestructura “en defensa del sector agrícola de la comarca, que precisa ese agua para seguir regando”.
De hecho desde el Ayuntamiento cuevano se ha remitido un escrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; ese escrito responde a la aprobación por parte del Pleno municipal celebrado el pasado martes 2 de febrero de una moción en la que se decidía instar al Ministerio a retomar las obras de la desaladora y acelerar para su inmediata puesta en marcha.
Los socialistas recuerdan que en 2014 se consignaron en los PGE 8,7 millones, en 2015 11, y en 2016 otros 22,6 sin que en ningún caso se hayan invertido esas cantidades
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