Cinco ayuntamientos del Poniente deben a los bomberos casi 7 millones de euros

Los bomberos del Poniente plantearon ayer una pregunta a los ciudadanos que se les acercaron para saber por qué se habían concentrado en la Plaza Mayor de El Ejido: “¿Usted paga sus impuestos al Ayuntamiento de El Ejido para que éste le brinde los servicios de agua, alumbrado, Policía, Bomberos, etcétera?”. La pregunta llevaba implícita una respuesta: “Pues debe saber que el Ayuntamiento de El Ejido no hace lo propio. Es decir, no paga su cuota al Consorcio de Bomberos del Poniente para que los ciudadanos puedan recibir la atención y el auxilio necesario en caso de accidente de tráfico, incendio, etc.”.

Con un informe sobre el estado de las cuentas del Consorcio de Bomberos del Poniente, los efectivos denunciaron ayer que, a fecha de 31 de diciembre de 2015, el Ayuntamiento de El Ejido debe, desde el año 2009, 3.181.380 euros al Consorcio, deuda que, a fecha de hoy, todavía no ha satisfecho.
Según un informe del interventor de este organismo (del que forman parte los ayuntamientos de El Ejido, Adra, Roquetas y Vícar, así como la Diputación provincial), de persistir esta situación “peligraría la prestación del servicio de bomberos”. 

Pero El Ejido, que tiene la deuda más abultada, no es el único moroso. Todos los ayuntamientos del Poniente que forman parte del Consorcio deben dinero, en total casi siete millones de euros: Roquetas de Mar, 782.079 euros del periodo 2014-2015; Vícar (que no ha pagado desde 2010), 993.333 euros y Adra (ayuntamiento que no ha abonado sus cuotas desde 2007), 1.778.832 euros. Caso aparte es La Mojonera que, desde 2010, adeuda 250.267 euros.

La reforma de la Ley de Administración Local estableció, en 2014, que los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes no debían asumir competencias que, desde entonces, se consideran propias de la Diputación. 
Esta circunstancia provocó que, hace dos años, los ayuntamientos de Dalías, Berja, Enix, Felix y La Mojonera abandonaran el Consorcio de Bomberos dejando deudas que, al menos en el caso de La Mojonera, se cuantifican en 250.000 euros. De momento, se desconoce qué entidad -si el ayuntamiento o la Diputación- afrontará ese pago. 
El documento elaborado por el Consorcio de Bomberos califica de “falta de responsabilidad” y de “compromiso” que los ayuntamientos no cumplan con sus obligaciones de pago, pendientes, en algunos casos, desde 2007. 

La junta de personal de Bomberos del Poniente señaló ayer, de nuevo, que uno de sus principales temores es que, con tiempos de respuesta tan largos, cuando lleguen al lugar donde se haya producido un accidente o un incendio, ya poco o nada pueda hacerse. “Nos hemos visto en esa situación y no hemos denunciado por respeto a las familias. Los ciudadanos deben saber que si tardamos una hora en llegar a un siniestro no es por nuestra culpa sino por decisiones políticas”, afirmó Alejandro Raymond, que señaló que, muchas veces, los bomberos se juegan la vida  intentando llegar lo antes posible.