Una orden judicial, cursada a última hora por el Juzgado de Instrucción número 2,ha frenado esta mañana el desahucio de Abdelkader y su familia. El piso, situado en el Bulevar de El Ejido, es propiedad de un fondo buitre, una sociedad opaca llamada Promontoria Holding 38 BV, que compró la vivienda familiar cuando salió a subasta, después de que una serie de problemas obligaran a la familia a dejar de pagar la hipoteca.
Ante la noticia del inminente desalojo, una treintena de activistas de la Plataforma Stop Desahucios de El Ejido y del Sindicato Andaluz de Trabajadores, se concentró desde primera hora ante las puertas del edificio para intentar impedir una actuación policial que, finalmente, no se ha llevado a cabo. Entre ellos, estaba la coordinadora provincial de IU, Rosalía Martín que, en declaraciones a la Cadena SER Poniente, pedía después que quienes estén en una situación parecida denuncien el problema para que éste sea visible: “Hay muchas familias que sienten miedo, que les da vergüenza y que se van de las viviendas sin pelearlas. Hacemos un llamamiento para que la gente pierda la vergüenza porque así, desde los distintos colectivos y también desde la Administración, se pueden hacer las intervenciones correspondientes que frenen los desalojos”, ha señalado.
Mediación municipal
Esta mañana, por ejemplo, ha sido importante la labor de mediación que ha realizado Marcos Muñoz, director de Protección Ciudadana de El Ejido, que ha intervenido para frenar el desahucio y que ha ofrecido a la familia la posibilidad de que la oficina de asesoramiento jurídico e intermediación bancaria del Ayuntamiento les ayude a encontrar una solución. El caso está también en manos de la Junta de Andalucía, que colaborará ahora para que la familia tenga una alternativa habitacional en caso de que el lanzamiento termine efectuándose en un par de meses. “No sabemos qué pasará después, pero hoy nos sentimos muy bien. Llevamos viviendo aquí, en este piso, unos quince años. Nos dieron la noticia de que nos echaban hace poco tiempo y no hemos podido buscar otra vivienda. La empresa dueña del piso tampoco ha querido buscar soluciones. Les propusimos ir pagando cada mes para recuperar la casa, pero no aceptaron”, explicaban esta mañana dos de las hijas del matrimonio, ambas muy jóvenes, la más mayor de ellas apenas rozando la veintena.
Denuncia al fondo buitre
La PAH ha denunciado ya a la empresa, Promontoria Holding 38 BV, por presunta estafa procesal. “Hemos pedido a la Fiscalía que reclame sus libros contables y que presente cómo ha pagado la subasta y si sus hipotecas están titulizadas”, ha explicado Rosa de la Fuente, portavoz de la Antidesahucios en SER Poniente.La titulización de una hipoteca significa que el banco no es ya el acreedor principal de la deuda, que ha sido parcelada y vendida a compradores de bonos en el mercado internacional. Según un informe realizado por el Banco de España, el 90 por ciento de las hipotecas en nuestro país están titulizadas. “Vamos a seguir en la pugna jurídica hasta conseguir desenmascarar a este fondo buitre y demostrar que, detrás de esto, hay una presunta estafa procesal”, ha dicho.
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