El PP estudia llevar al fiscal la subasta del parque periurbano del Albarrobo

El Partido Popular en la oposición en Vera dejará en manos de los abogados del partido la decisión de presentar en la fiscalía la subasta iniciada sobre el parque periurbano cedido al municipio en 2003. La decisión, según explica el portavoz del único grupo en la oposición, Juan de la Cruz Belmonte, ha sido adoptada después de que el equipo de Gobierno ha haya respaldado su petición de iniciar una comisión de investigación para esclarecer los hechos, ya que en 2010 los mismos dueños que cedieron los terrenos los incluyeron en una hipoteca firmada en el año 2010 y, tras el concurso de acreedores de la empresa Key Fuerteventura, finalmente salieran a subasta en febrero de 2016.

Según explica el portavoz popular fueron los concejales del PP quienes advirtieron que el terreno de unos 43.000 metros cuadros que conforma el parque periurbano de la rambla El Algarrobo había salido a subasta a través del  Banco Popular. “Se incluyó en la hipoteca a sabiendas del administrador, por lo que hay que investigar y que caiga el peso de la ley sobre quien vaya contra los intereses municipales”, incide Juan de la Cruz Belmonte.

Registro
“La única equivocación que se tuvo fue la de no inscribir el terreno en el Registro de la Propiedad cuando los terrenos fueron cedidos de forma gratuita y sin contraprestación”, explica el portavoz del equipo de Gobierno, Francisco Vázquez, una situación derivada de cierta “dejadez” en ese momento tanto políca como de funcionarios. Pese a ello, explica que no ha habido problema con la entidad bancaria a la hora de extraer el terreno público de la subasta de terrenos vinculados a la empresa extinguida Key Fuerteventura, “una vez que de forma oficial se firme la desvinculación iremos directamente al Registro”.

Según explica el concejal de PA, no hay ninguna duda de que se trata de terrenos municipales, puesto que tras la cesión formalizada en 2003 se sucedieron tres años de obras y una inversión de seis millones de euros sin que hubiera ninguna paralización ni problemas planteados por ningún particular.

Discrepancias
Desde el puntos de vista de la oposición, son muchos los perjuicios que podrían producirse si hubiera llegado a término la asubasta, mientras que desde el el Partido Andalucista, la decisión de llevar al fiscal esta situación viene derivada de la enemistad con los administradores de la empresa desde su etapa de Gobierno.

Pese a ello, desde el PP se subraya que “pensábamos que este tema iba a tener el respaldo en Pleno del equipo de Gobierno, estaba claro para nosotros, al no ser así esperaremos a que llegue septiembre y en cuanto podamos iniciaremos los procedimientos judiciales oportunos”.

Las cuentas de Codeur
Las cuentas de la empresa mixta Codeur no están claras para el PP. Se basan así en un informe negativo de doce páginas firmado por el interventor, una deuda de 3,5 millones que el PP considera que no deben pagar los veratenses, y un reparto de 900.000 euros que no están dirigidos ni a mejoras ni a rebajar las tasas, “estamos preocupados porque la exigencia del socio privado de repartir beneficios puede llevar a la bancarrota”.

Su postura dista mucho de la andalucista, que incide a través de Francisco Vázquez que las cuentas están aprobadas con informes favorables de la subsecretaria y se encuentran en el Registro Mercantil para su revisión por primera vez en muchos años.