Alcaldes del Poniente piden una nueva ordenación que priorice la agricultura

Los alcaldes de todos los municipios que integran la comarca del Poniente -Adra, Berja, Dalías, El Ejido, Enix, Felix, La Mojonera, Roquetas de Mar y Vícar- han solicitado a la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que convoque con urgencia la Comisión de Seguimiento del Plan de Ordenación del Territorio del Poniente Almeriense (Potpa) para que estudie soluciones a los problemas que presenta la ejecución de esta normativa. La comisión debería reunirse antes de la elaboración del próximo informe quinquenal, que deberá estar listo este año. El  plan se aprobó en 2002 y estableció los elementos básicos para la organización y estructura del territorio de los citados municipios.

Quince años después, esta ley de rango superior, que define y ordena el uso de los distintos tipos de suelo -urbanos, rústicos y zonas protegidas- se ha quedado obsoleta y más que ayudar, dificulta el desarrollo de una de las comarcas con más vitalidad demográfica y económica de Andalucía, de ahí la reclamación al unísono que hacen todos los regidores, quienes, a lo largo de este tiempo, han compartido coincidencias, especialmente en cuanto a las limitaciones que la norma establece para el uso de los suelos rústicos.

Cuando en los ayuntamiento se empezó a trabajar con las directrices que marcaba el plan, se hallaron numerosas incongruencias que afectaban, sobre todo, a las zonas no urbanizables. Antonio Torres, alcalde de Berja, contaba ayer casos como el de invernaderos que se construyeron antes de que la norma entrara en vigor y que hoy no pueden ampliarse ni modificarse porque están en espacios calificados como protegidos. 

En el escrito, que se remitió a Medio Ambiente el pasado 24 de enero, los alcaldes piden la “modificación o actualización” del Plan de Ordenación Territorial, que debía haberse revisado cada cinco años pero que lleva quince sin que se le haya cambiado una coma. Los responsables municipales barajan incluso la posibilidad de acordar la redacción de un nuevo Plan que derogue el ahora vigente, dotando así a sus municipios de un instrumento legal actualizado y acorde con la realidad social y económica del Poniente. Al Potpa, que comenzó a redactarse en 1997 y que se aprobó cinco años más tarde, no se le prestó demasiado interés en sus primeros años de ejecución porque los municipios, al albur de la burbuja inmobiliaria, estaban más pendientes de su propio desarrollo urbanístico -vehiculado a través de los diferentes PGOUs- más que de cualquier otra cosa.

Del ladrillo al campo

Pero con la crisis, la presión se centró sobre los terrenos agrícolas, de ahí el interés que tienen ahora los ayuntamientos por actualizar la normativa. “Hay mucha diferencia sobre lo que el plan recoge y la realidad física. Queremos modificar solo aquellas cuestiones que son de sentido común, con la experiencia de conocer cuál es la problemática en cada uno de nuestros municipios”, aseguró ayer Torres. 

Medio Ambiente, según explican los alcaldes, no es ajeno a la problemática que existe con el Plan de Ordenación territorial y está en la línea de dar una solución a las peticiones que se hacen desde estos ayuntamientos. Los regidores defienden también que la  norma actual puede servir de base a la actualización o revisión que se haga del texto porque, aseguran, no están planteando ninguna propuesta “descabellada”.