Francisco J. Torres: "El fiscal pone en la picota a los funcionarios de Roquetas"

La petición del fiscal del conocido como ‘caso Roquetas’ para que se aporten al juzgado e investiguen todos los expedientes urbanísticos de 25 empresas de personas con algún tipo de relación con el alcalde desde el año 2003 ha provocado estupefacción en el entorno municipal.

Para el abogado Francisco Javier Torres, letrado asesor del Ayuntamiento, la actuación de Fiscalía supone “poner en tela de juicio” el trabajo de los funcionarios al trasladar el mensaje de que “pareciera como si en el Ayuntamiento de Roquetas no hubiera los controles jurídicos que hay en toda administración”. Torres Viedma se queja de que esta sombra duda sobre la actuación profesional de los técnicos se proyecta sin que se haga mención a ningún indicio concreto de irregularidad.

“Esto es una investigación prospectiva, a ver si encuentran algo -argumenta el letrado-, primeramente pidieron  documentación de los expedientes de 103 empresas. Después, de 25.  Toda esa documentación ha sido informada por la Udyco y por la Agencia Tributaria. Bueno, pues ahora el fiscal como ya ve que esto va a ser el juicio universal, dice que se atenga la investigación a 25 empresas. Muy bien, pero dígame usted señor fiscal, de esas empresas en qué concretos expedientes cree usted que ha habido algún hecho delictivo”.

Sin impugnaciones
Según Torres Viedma, de todos los expedientes que el fiscal quiere revisar -de momento es solo una petición sobre la que la juez no ha tomado decisión- ninguno había recibido previamente informes desfavorables de los técnicos ni constan causas por terceros perjudicados. “El Ayuntamiento tiene unos controles de legalidad, está previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, y es que de todos los actos administrativos, de todas las disposiciones generales, hablo en materia urbanística, tenemos que darle cuenta tanto a la comunidad autónoma como al Estado. Ninguno de los expedientes que nos piden ha sido impugnado por esas administraciones”, recalca.  El abogado asesor municipal ya tuvo que defender a varios técnicos del Ayuntamiento que estuvieron imputados por la causa principal de la que se derivan estas diligencias, conocida como ‘caso La Fabriquilla’, que fue finalmente archivada. En la pieza separada (diligencias 34/2012)  se investigan sociedades de personas del entorno del alcalde para determinar si hubo enriquecimiento ilícito.

Tras cuatro años de instrucción judicial, revisión de expedientes de más de un centenar de empresas y varios informes periciales de la Udyco y la Agencia Tributaria sin imputaciones concretas, el letrado municipal interpreta que el asunto ha derivado en una causa general contra el Ayuntamiento de Roquetas y su alcalde. “La acusación particular   [ejercida por la asociación Amayt] se ha dedicado a repetir mil veces una mentira y es que el alcalde de Roquetas y su familia se ha enriquecido con la gestión del urbanismo. Esa mentira la han dicho tantas veces que ya hasta los órganos judiciales se la han creído y teneos una causa general abierta aquí en el Ayuntamiento “, sostiene. Para Torres Viedma, “la noticia criminal en Roquetas parecer ser que es ser familia del alcalde” y, en su opinión, lo más incomprensible es la postura del fiscal.

“Es lo que me tiene desconcertado.  El fiscal está para defender la legalidad y para defender también los derechos de las personas. Porque hay aquí muchas personas que están siendo perjudicadas. Entre ellos los técnicos y los funcionarios  que se están poniendo en la picota”, argumenta. E insiste; “que me diga el Ministerio Fiscal qué concreta actuación está mal. Investíguela usted, es su derecho, pero no pida usted expedientes para ver si hay alguna actuación mal”.