No ha sorprendido a nadie. El que más y el que menos sabía que en algún momento del Pleno de la Diputación celebrado este viernes, la investigación judicial que afecta al alcalde de Olula del Río, Antonio Martínez, y al anterior diputado de Fomento y actual teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almería, Miguel Ángel Castellón, haría acto de presencia. Y así ha sido. Eso sí, al final de la sesión, en el punto de Ruegos y Preguntas.
Tanto la diputada de IU, María Jesús Amate, como el portavoz del PSOE, Juan Antonio Lorenzo, plantearon sendas preguntas sobre qué ha hecho la Diputación respecto a la investigación abierta por el Juzgado de Purchena. El encargado de responder fue el vicepresidente y portavoz del PP, Javier Aureliano García, quien no dudó en asegurar que “el auto judicial está equivocado” y que “la Diputación no tiene nada que ver con ninguna de las causas”. También defendió García al anterior diputado de Fomento, afirmando que “se ha implicado a un apersona que no tiene nada que ver”.
Hasta ahí, todo normal, pero a partir de ese momento, el vicepresidente cargó contra Ángeles Castillo y Juan Antonio Lorenzo, los dos diputados socialistas que esta semana han protagonizado la petición de explicaciones a la Diputación por lo sucedido en Olula.
Ataque frontal
“Usted viene aquí a pedir que salgamos a dar explicaciones y no tiene la decencia de pedir explicaciones a su compañero que también ha estado declarando como imputado”, espetaba García a la diputada Castillo en referencia a los asuntos judiciales que afectan a Lorenzo en su calidad de alcalde de Serón.
“No estamos acusando a nadie, estamos preguntando cómo funciona esta casa respecto a los expedientes que obran en manos del juez. por ejemplo, cómo se hizo el de la adjudicación de la rotonda que ya estaba inaugurada”, respondía el portavoz del PSOE. Finalmente, Gabriel Amat, como suele ocurrir, puso punto final a la discusión asegurando que “lo de Miguel Ángel se va a demostrar que es totalmente falso”, concluía el presidente.
Agrio fue también el debate en torno al plan de inversiones de Galasa, que salió adelante con los votos del PP y de Ciudadanos, y que volvió a enfrentar al portavoz del Partido Popular y del Grupo Socialista a cuenta de la auditoría de fugas y de los criterios por los que se han elegido las obras incluidas en el mencionado plan.
Residencia asistida
El debate encendido también llegó de la mano de la residencia asistida, sobre la que todos los grupos preguntaron. Eso sí, la respuesta airada solo la tuvo el diputado de Igualdad, Ángel Escobar, para los socialistas. Mientras que éstos querían saber cómo iba el proyecto para las obras en la residencia, “que ya pedimos hace un mes y del que todavía no tenemos noticias”, el diputado acababa acusando a la Junta de Andalucía de “profunda deslealtad, ya que se comprometió a paralizar los ingresos, y nos hemos encontrado con seis nuevas propuestas de ingreso y eso es una vergüenza”. Ante esta situación, insistía Escobar, “no se pueden acometer las obras garantizando la seguridad de los residentes, por lo que deberán continuar aplicándose las medidas de mantenimiento de choque”.
Acuerdo en Servicios Sociales
El Pleno ha aprobado por unanimidad la planificación de actividades para los Centros de Servicios Sociales Comunitarios que prestan apoyo a los 95 ayuntamientos adheridos a este servicio. La Diputación va a destinar 255.200 euros a financiar las actividades incluidas en este Plan. “Los 223 los proyectos que se llevarán a cabo durante este año van a cubrir a 11.000 beneficiarios de 95 municipios”, ha destacado el diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar.
También recibió el apoyo de todos los grupos, la moción institucional de apoyo a la construcción de la línea eléctrica Vera-Baza, crucial para la provincia.
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