Investigados por no pagar a sus proveedores

La Guardia Civil ha dado por esclarecidos unos supuestos delitos de insolvencia punible y alzamiento de bienes con los que los presuntos autores, tres responsables de dos empresas hortofrutícolas, habrían alcanzado un valor de 476.656 euros, y a quienes se acusa de no pagar lo que les correspondía a las personas que les suministraban el género que ellos posteriormente vendían.

Según ha informado la Benemérita, los agentes tienen identificadas a las tres personas responsables de las dos empresas y presuntos autores de ambos delitos, si bien no han sido detenidas hasta el momento por encontrarse “en paradero desconocido”.

Los hechos

A mediados de agosto la Guardia Civil recibió varias denuncias acerca de la situación sufrida por diferentes víctimas, quienes, tras entregar sus productos hortofrutícolas en dos empresas del sector para su posterior venta, no obtenían el beneficio económico que les correspondía. Así, tras analizar la información obtenida de las denuncias, los agentes distinguieron una misma forma de actuación en la mayoría de los casos.

El nexo entre denuncias se encontraba en los responsables de dos empresas, quienes presuntamente se ganaban la confianza de las víctimas para que éstas depositaran sus productos en sus empresas para su posterior subasta y venta.

Estas empresas obtenían así el género agrícola que vendían después y del que obtenían el beneficio económico, si bien en ningún momento hacían llegar la parte que correspondía a las víctimas; que en repetidas ocasiones se habían entrevistado con los responsables de las empresas, que aseguraban que éstas no tenían problemas de liquidez.

Para seguir dando confianza a los clientes y víctimas, estas personas presuntamente llegaban a facilitar cheques sin fondos e incluso pagarés de imposible cobro, intentando así ocultar la actividad ilícita.

Afectados

La Guardia Civil ha confirmado que hasta el momento existen hasta 12 personas afectadas, que denuncian un total de 246.753 euros, y no descartan que aumente el número de víctimas, así como el montante económico.

De la misma forma, también existen tres entidades bancarias afectadas, a las que los presuntos autores adeudarían la cantidad de 229.903 euros. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y las diligencias instruidas han sido remitidas al juzgado correspondiente de Berja.