Si hace una semana se conocía la llamada ‘Operación Cacique’ por la que la Policía Nacional intervenía un local de Vícar y desarticulaba una organización dedicada a la explotación sexual y “liberaba” a 22 mujeres, ahora, esas supuestas víctimas se han unido para contar su historia y “desmentir” la versión oficial de dicha operación policial.
Así, según un comunicado, su deseo es que se diga “la verdad sobre nosotras y esta misión ‘salvadora’ de la Ucrif (la unidad de la Policía que actuó en la operación), romper el silencio y levantar la cabeza ante la estigmatización de la prostitución y exigir una investigación seria sobre nosotras como colectivo de trabajadoras sexuales, y que nos interroguen con la misma seriedad y respeto que a personas de otras profesiones”.
La portavoz del colectivo formado por estas mujeres, asegura a LA VOZ que la decisión de dar un paso adelante es exclusivamente de ellas: “la iniciativa es nuestra porque no había nada de lo que ha dicho la Policía nacional”, asegura Gaby, su nombre de trabajo.
Frente a la información facilitada por la Policía sobre la situación de las mujeres que se encontraban en este prostíbulo, esta portavoz asegura que “no somos esclavas sexuales sino trabajadoras sexuales que hemos venido de todos los puntos de España y de fuera por medios propios y libremente después de pedir plaza para ejercer en un espacio protegido y seguro como lo es este bar”.
Gaby es clara cuando dice que “por desgracia, sabemos lo que es el proxenitismo, pero esto no era lo que ocurría en el Club Miguel. Se podía ir y venir cuando una quería. No había maltrato ni estábamos encerradas ni nadie nos retenía”, afirmación que respalda asegurando que “hay nueve chicas que viven fuera y tienen llave del bar para entrar cuando venían a trabajar”.
Para ellas la operación les ha puesto la vida más difícil. “Somos más de 22 mujeres -trabajadoras sexuales- que en vez de estar trabajando en la calle hemos encontrado un local a nuestro gusto y hemos empezado a trabajar sin lo que ha motivado su cierre y el encarcelamiento del dueño. La prostitución por voluntad propia existe, nos permite realizarnos y mantener a nuestros familiares”, explica.
Además, en su opinión, “la Operación Cacique con el afán de salvarnos en base a una calumnia mal investigada nos ha echado a la calle y dejado a la merced de eventuales explotadoras/es sin escrúpulos por la fuerte y urgente necesidad económica que vivimos, unido a una falta de oportunidades adecuadas para responder a esa necesidad”.
De momento, “todas las chicas se están buscando la vida, muchas de ellas fuera de Almería”, como es el caso de la portavoz de estas mujeres.
65€ de alquiler, luz, agua y limpieza
Según explica Gaby, las chicas se autogestionaban y pagaban 60 euros por el alquiler de la cama, el agua y la luz y, además ponían otros 5 euros para pagara el Butano y productos de limpieza. “Esas eran las únicas cantidades que purgábamos por trabajar en el club”, asegura.
En su escrito, dejan calar su postura: “Lamentamos la estigmatización y el mito de salvar a las trabajadoras sexuales de ellas mismas. Nos molesta que hablen de nosotras sin contar con nosotras. Somos mujeres libres, empoderadas y seguras. ¿Molesta esto? La mayoría de las mujeres ‘liberadas por la Policía Nacional’ tenemos cónyuges e hijos a cargo, somos libres de venir y volver a casa cuando queremos y tanto las que dormimos en el local como las que viven en Roquetas tenemos llaves del prostíbulo”, insiste Gaby.
Según aseguran, tienen “pruebas para restablecer la verdad a pesar de que el daño ya está hecho. Cinco personas están en detención preventiva y más de una de nuestras compañeras están amenazadas de expulsión” al estar en situación irregular en nuestro país.
En cuanto a los detenidos, el dueño de club, su mujer, el camarero y un hombre que vivía en el prostíbulo, estas mujeres confían que “la investigación nos dirá la verdad sobre esta situación”.
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