Rechazan que la Fiscalía investigue el envío de material radioactivo a Palomares

La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado instar a la Fiscalía a que investigue si el traslado que hizo el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) de casi seis toneladas de material radioactivo a la pedanía cuevana de Palomares, entre 2011 y 2016, fue “irregular” y ha emplazado a Ecologistas en Acción a que sea la propia asociación la que ponga denuncia ante el Ministerio Público “si entiende que puede ser constitutivo de delito”.

Así, en una providencia de 2 de abril, el tribunal considera que, de acceder a la petición del colectivo conservacionista, estaría “prejuzgando” el asunto pues el informe donde el Ciemat informa de los citados traslados forma parte de la prueba del pleito general en el que debe decidir si obliga al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a poner plazo para la ejecución del Plan de Rehabilitación aprobado en 2010 para la zona.

Asimismo, la AN hace referencia a la idoneidad del momento procesal ya que, señala, Ecologistas en Acción pide que “analicemos la prueba practicada y hagamos una calificación desde el punto de vista penal sobre la ilicitud de unos hechos referidos en los informes recabados como prueba”. Y remarca que “ni procede ahora hacer valoración de la prueba ni debe el tribunal, en este momento procesal, emitir opinión o calificación jurídica sobre hechos de los que tenga conocimiento, pues de lo contrario estaría prejuzgado el asunto”.

En esta línea, indica la Audiencia Nacional que el colectivo ecologista “tiene la posibilidad” de presentar denuncia a la Fiscalía “si entiende que los hechos de los que tiene noticia son constitutivos de delito”.

La denuncia

Cabe recordar que el escrito que Ecologistas en Acción elevó a la Sección Séptima señalaba el hecho de que el Ciemat reconociese en un informe remitido a la propia Audiencia Nacional un envío realizado el 29 de noviembre de 2016 que “no se depositó como el resto del material en un contenedor marítimo sino que se depositó en el almacén del laboratorio que el organismo tiene en la zona 3, entre las calles Diseminado la Punta y Paraje Guardicas”.

“Se han almacenado allí 77 cajas de material radiactivo con un peso total de 670 kilos, sin señalización, ni vigilancia alguna, a pocos metros de las viviendas, en el centro del pueblo”, indicaba Ecologistas en Acción. Y añadía que este almacenamiento “clandestino” de material radiactivo se realizó “sin informe favorable, ni autorización alguna, es decir, sin expediente” y que podría, por tanto, ser constitutivo de un presunto delito sobre la energía nuclear y las radiaciones ionizantes, penado en el artículo 345 del Código Penal.

En este sentido, en el informe remitido por el Ciemat al tribunal el organismo precisa que esos 670 kilos de material radioactivo no se depositaron en ningún contenedor como el resto de los 5.152 kilos trasladados desde Madrid sino que se “situaron en el almacén del laboratorio de la zona 3 al no poder acceder al contenedor marítimo por encharcamiento de la zona 2 debido a las lluvias torrenciales”. “Desde entonces todos los materiales que constituyeron este envío permanecen almacenados en dicho lugar”, apuntilla.

“Irregularidades”

Ecologistas en Acción también señala que podría apreciarse “irregularidad” de acuerdo a lo contemplado en el capítulo XIV, sobre infracciones y sanciones en materia nuclear, de la Ley 25/64 de 29 de abril de energía nuclear ya que el CSN, al tener conocimiento del traslado, en un escrito de fecha 31 de octubre de 2018, “se limitó a manifestar que el CSN no tiene comentarios” al respecto.

Así, tras analizar la prueba remitida por el Ciemat a requerimiento de la AN, el colectivo critica con dureza el comunicado que hicieron público de forma conjunta el organismo y el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora el 26 de octubre de 2018 a raíz de la “información periodística” que revelaba la existencia de dos traslados desde Madrid en 2016, que a la postre han terminado siendo cuatro desde 2011. “No se han realizado dos traslados de material radiactivo, como afirmaron, sino cuatro, y el peso del material trasladado y almacenado en Palomares no ha sido de tonelada y media sino de 5,8 toneladas”, remarcaba para añadir que la actividad radiológica del material es de un total de “274 millones 340 mil Bequereles, muy alejados de los 13 millones de Bequereles que inicialmente reconocieron”.

Por ello, concluía pidiendo que se deduzca testimonio y se dé traslado al Ministerio Fiscal para investigar que el material radiactivo se ha trasladado “desde la Instalación Radiactiva de 2a clase, la IR-17, sita en Madrid, a Palomares” y que, tanto el transporte como el posterior almacenamiento “se ha realizado sin conocimiento del CSN, ni de Enresa”.