Zurgena indemnizará a los compradores de las viviendas ilegales “en 12 años”

Los ciudadanos británicos, en su mayoría septuageniarios, a los que se reconoció judicialmente en 2017 el derecho a ser indemnizados por el Ayuntamiento de Zurgena (Almería) después de adquirir de buena fe viviendas construidas con licencias ilegales no podrán empezar a cobrar hasta avanzado 2020 y, además, deberán esperar hasta 12 años para recuperar la totalidad de su dinero.

Así lo ha comunicado a la jueza el Consistorio zurgenero después de que, el 12 de noviembre, le diese plazo de diez días para hacer efectiva la cantidad correspondiente a las anualidades de 2018 y de 2019 en la cuenta de consignaciones del juzgado.

El Ayuntamiento, condenado como responsable civil subsidiario a indemnizar con 649.292,61 euros a siete parejas que compraron mediante contrato unas viviendas que no llegaron a edificar ya que se proyectaron sobre suelo no urbanizable en el paraje Los Cabreras, ha propuesto al juzgado que el pago se haga de forma aplazada en 12,74 años.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, ante el requerimiento para el abono de las dos primeras anualidades, en un escrito elevado el pasado 27 de noviembre, indican a la jueza que, de acuerdo a un informe emitido por Tesorería, el estado "actual" de esta "impide el abono" de las cuantías solicitadas al tiempo que remarcan que el inicio de este pago a los perjudicados "debería quedar fijado no antes del primer trimestre del ejercicio 2020".

Al informe de Tesorería aportado por el Ayuntamiento de Zurgena se suma otro de Secretaria-Intervención que indica que, atendiendo a "las fechas", procedería, "más que iniciar un expediente de modificación presupuestaria", esperar al presupuesto de 2020 "en el que deberá consignarse la cantidad propuesta por la Tesorería".

Cumplir la sentencia

Esa propuesta para cumplir la sentencia que condena a indemnizar con 649.292,61 euros pasa por vencimientos trimestrales por importe de 12,740,69 euros con pagos "coincidiendo con los ingresos que se realizan al ayuntamiento de PIE y Patrica con la finalidad de evitar tensiones en la tesorería municipal".

Sin detallar qué cuantía de esos 12.740,69 euros correspondería a cada uno de los afectados, la propuesta municipal supondría que la ejecución total tendría una duración de casi 13 años, según han remarcado fuentes del caso, que insisten en la avanzada edad de estos ciudadanos británicos.

El Juzgado de lo Penal 4 ya requirió al Ayuntamiento en febrero, lo que reitera ahora, un listado de bienes embargables para hacer frente a la indemnización en ejecución de la sentencia por la que la Audiencia Provincial de Almería condenó en junio de 2017 a un ex técnico municipal y al propio Ayuntamiento de Zurgena estimando un recurso de apelación de los afectados.

Viviendas ilegales

En su resolución, el tribunal indicó que "sin el informe técnico favorable ilícitamente emitido" por el arquitecto municipal "no se hubiese comenzado la construcción de la obra, ni se hubiesen suscrito los contratos de compraventa, ni hubiesen desembolsado los compradores las cantidades reclamadas por haber sido satisfechas y no recuperadas, lo que no se discute, para la adquisición de unas viviendas que no llegaron a construirse".

"Como consecuencia de su conducta, penalmente sancionada, los recurrentes han sufrido un perjuicio económico ya que emitió un informe favorable a la concesión de licencia de obras solicitada pese a conocer que la catalogación de suelo como no urbanizable, lo que impedía la construcción de viviendas, y en base a ese informe los miembros de la corporación municipal voto a favor en el pleno celebrado el 3 de enero de 2005", subrayó el fallo, contra el que no cabía recurso.

La Audiencia Provincial señaló responsable civil directo al técnico municipal al ser "evidente que existe un nexo causal ininterrumpido entre la emisión del informe y el perjuicio patrimonial sufrido por los compradores" pero declaró, asimismo, al Ayuntamiento de Zurgena responsable civil subsidiario ya que, según remarca, el acusado "trabajaba para él como asesor técnico en materia urbanística".

Como consecuencia de ello, la Audiencia Provincial reconoció el derecho de los perjudicados por la adquisición de estas viviendas promovidas por la mercantil New Medina Villas SL en el marco de un residencial de 94 inmuebles en el paraje de Los Cabreras a ser indemnizados con cuantías individuales que van desde los 59.999,96 euros a los 103.988 euros.