El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha anunciado este viernes el inicio de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para los 39 trabajadores de tres de las nueve villas turísticas de titularidad pública en Andalucía, entre ellas, la de Laujar de Andarax.
Cinco villas
Marín ha explicado que de las nueve villas, cuatro permanecen cerradas -Periana (Málaga), Fuenteheridos (Huelva), Cazalla (Sevilla) y Pinar (Granada-, y las otras cinco en activo no cuentan con licencia municipal de apertura, de ahí que se esté llevando a cabo la regularización de esta situación. En dos de ellas, en concreto, en la de Bubión (Granada) y Priego de Córdoba (Córdoba), se cerrará por vacaciones el 7 de enero y los 20 trabajadores volverán en febrero con la licencia municipal de apertura al día.
En las otras tres, Laujar (Almería), Cazorla (Jaén) y Grazalema (Cádiz), el procedimiento con los ayuntamientos se puede retrasar “hasta mayo o junio de 2020”, por lo que la Administración ha optado por un ERTE de seis meses para sus 39 trabajadores, de los que en torno a una decena corresponden a Laujar. De no resolverse esta situación, podría llegar el extremo de “cerrarlas2, ha advertido el vicepresidente.
Marín ha detallado que estas villas son deficitarios y cuestan en torno a dos millones al año y ha reprochado que la Junta mantuviera abiertos establecimientos sin licencia.
Todas las garantías
“Se ha estado escondiendo esta situación y no se había resuelto, pero es importante que todos los que vienen alojamientos a Andalucía puedan hacerlo con todas las garantías”.
En cuanto a las villas que permanecen cerradas, ha señalado que procederán a comunicar a Patrimonio esta situación para que "las saque a concurso, las venda o lo que sea oportuno" porque cuestan unos 500.000 euros años, entre gastos en canon, vigilancia y seguridad.
En 2015, la Junta asumió íntegramente la titularidad de la Red de Villas Turísticas de Andalucía, que desde 2009 gestionaba una sociedad mixta integrada por entidades financieras, un hotel y la propia administración andaluza. Para su reapertura y puesta en marcha, tras varios años cerrada, en 2010 el Gobierno autonómico invirtió 900.000 euros en mejoras estructurales.
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