Albox recibirá 400.000€ por el depósito de basura en vertederos del consorcio

El culebrón entre el Consorcio de Residuos Almanzora-Levante-Los Vélez y el Ayuntamiento de Albox por la basura que el ente comarcal deposita en sus vertederos ubicados en el término municipal albojense puede tener los días contados. Los responsables del consorcio que gestiona la basura en casi medio centenar de municipios aprobaron la semana pasada compensar al municipio de Albox con alrededor de 400.000 euros anuales por los residuos que se trasladan y depositan en esta localidad a diario.

El acuerdo tendrá que ser aprobado próximamente en una asamblea a la que acudirán los representantes de los pueblos a los que presta servicio este consorcio, aunque salvo sorpresa la propuesta saldrá adelante tras el visto bueno de la dirección del consorcio, presidido por el alcalde de Olula del Río Antonio Martínez Pascual (PP) con el actual alcalde independiente de Albox, Francisco Torrecillas, como vicepresidente.

A la espera 

El regidor albojense ha aclarado este lunes en declaraciones a la Cadena SER que se trata de una compensación tras “más de dos años de negociación” que han desembocado en un acuerdo que se plasmará “dentro de la reforma de los estatutos”, que quedarán adecuados “a la legislación vigente” y que además “reactivarán el consorcio”.

Torrecillas ha matizado que esta “no es una compensación para Albox sino para cualquier municipio donde se deposite basura”. Algo que “se tendrá que refrendar en la asamblea del 16 de marzo para reformar los estatutos” para lo que espera que “no haya problema” para lograr los apoyos. El litigio por la compensación que Albox lleva años exigiendo por la basura depositada en las instalaciones que el consorcio tiene en el polígono industrial de este pueblo se remonta nada menos que siete años en el tiempo. 

Fue en el año 2013 cuando el ayuntamiento dirigido entonces por el socialista Rogelio Mena impuso una tasa de 12 euros por tonelada de basura que se depositase, lo que al año suponía unos ingresos de alrededor de un millón de euros. La medida, impuesta sin previa negociación con el consorcio fue recurrida de inmediato por esta organización, ya que los vecinos podrían “verse perjudicados por una tasa cuya legalidad es más que dudosa”, denunciaba quien hoy sigue siendo presidente del consorcio. La justicia dio la razón al consorcio por lo que, tras el litigio, ambas partes han negociado sin jueces ni imposiciones de por medio una solución que satisfaga a las dos instituciones.