La Fiscalía Provincial de Almería ha solicitado reabrir la causa penal por el fallecimiento de I. T. de 18 años en el centro de reforma de menores Tierras de Oria. El chico murió el 1 de julio de 2019 tras ser atado en una cama como medida de contención ante un incidente y el riesgo de autolesionarse.
La decisión de la Fiscalía de Almería llega seis meses después del archivo de las diligencias dictado por el Juzgado de Purchena y sin que se hayan introducido nuevas pruebas de valoración en el proceso, recurrido por la acusación particular en la Audiencia Provincial de Almería.
El escrito, al que ha tenido acceso LA VOZ, asegura que se mantiene la visión sobre la actuación de los trabajadores del centro de menores durante la aplicación del protocolo.
“El Ministerio Fiscal mantiene la posición procesal sostenida hasta ahora, en el sentido de considerar que de la información disponible en la causa no se desprende en este momento la existencia de delito imputable a las personas que figuran como investigadas, empleados de la Asociación para la Gestión de la Integración Social, que administra por concesión de la Junta de Andalucía”.
La juez titular de Purchena resolvió que los trabajadores actuaron de acuerdo al protocolo, aunque refleja las recomendaciones sanitarias para colocar al chico boca arriba (murió boca abajo). Es decir, la juez consideró también que los empleados de Tierras de Oria intervinieron de acuerdo a las indicaciones que tenían. La Fiscalía estima ahora que existen dudas sobre la elaboración del protocolo.
“Entendemos que concurren todas las condiciones exigidas por nuestro Código Penal y la jurisprudencia del Supremo para imputar el resultado de la muerte de I. T. a las personas que a sabiendas de los riesgos inherentes a su decisión, y no obstante haber sido advertidos expresamente, aprobaron y dispusieron la aplicación del Protocolo de contención mecánica del centro Tierras de Oria”. La Fiscalía apunta a Ginso.
La Junta de Andalucía elaboró un documento propio para reformar la atención de los menores en casos de medidas de contención después del caso de Oria, donde ya se recogía la indicación de la colocación de las jóvenes boca arriba.
La Fiscalía no había adoptado ninguna medida adicional sobre el caso tras el archivo de la causa en el mes de enero. Esta decisión llega después de la publicación por parte de medios nacionales de la grabación de las cámaras de seguridad del centro.
El vídeo ya fue analizado por el representante de la Fiscalía de Almería y por el propio Juzgado de Purchena cuando se dictó el archivo de las diligencias a principios de 2020. Las publicaciones nacionales no aportaron pruebas que no se hubieran estudiado antes.
¿Qué pasó antes de atar al joven?
La Fiscalía cuestiona el protocolo de Ginso sobre cómo colocar al joven (boca arriba o boca abajo), pero no la sujeción con correas a la cama. ¿Por qué? “Los testimonios indican concordantemente que el día de los hechos el joven no había tomado sino hasta hora tardía la medicación antipsicótica y antidepresiva que debería haber ingerido con el desayuno”, dice el escrito. “Al mediodía había entrado en crisis de ansiedad que gritaba y amenazaba a todos; que se había autolesionado y esgrimía un bolígrafo en gesto amenazante; que había dado fuertes golpes a puertas y mesas dañando el mobiliario; condiciones todas que hacían temer seriamente por sus propia seguridad y la de otros”, añade. El chico sufrió una parada por la combinación del estrés, los fármacos y una arritmia.
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