Cae una trama en El Ejido que simulaba casos de maltrato para lograr ayudas

 Agentes de la Policía Nacional han detenido en El Ejido a seis personas e investigado a otras 40, al integrar un grupo criminal especializado en obtener permisos de residencia y beneficios económicos derivados de situaciones de violencia de género irreales, amparándose todo ello en un fraude de ley.

Los agentes detectaron una red organizada dedicada a la captación de mujeres extranjeras en situación irregular en el territorio español, quienes a cambio de una suma de dinero, les ofrecían la posibilidad de conseguir una tarjeta de residencia en España y una renta mensual, siempre que presentaran denuncias falsas de violencia de género, simulando ser víctimas de malos tratos por parte de supuestas parejas con quienes pactaban el fraude.

Las informaciones obtenidas por los investigadores de la Policía Nacional fueron aportando datos precisos sobre el modus operandi empleado por la organización desarticulada.  

Desde el mes de marzo del año pasado, los agentes han ido recopilando indicios suficientes sobre esta trama formada por personas de origen español y magrebí.

Las mujeres extranjeras eran atraídas por dicha organización, asegurándoles que se trataba de una práctica sencilla, sin riesgos, y con la efectividad de conseguir el último caso una autorización de residencia y un ingreso económico mensual por parte de la Administración. 

Modus operandi del fraude

Una vez inducida la mujer, y siempre previo pago de una cantidad económica que rondaba los 4.000 euros, la organización desmantelada ofrecía los servicios de un varón de nacionalidad española, quien estaba dispuesto a simular que ambos tenían una relación de pareja o análoga. 

Siguiendo un guion establecido, convenían acudir a un lugar público. Allí, y en presencia de varios testigos, fingían mantener una discusión la cual siempre derivaba en una agresión física no grave sobre la mujer, siendo los testigos quienes solicitaban entonces la presencia policial. Las declaraciones de los testigos eran cruciales para dar instantánea credibilidad al fraude, y posteriormente condicionantes sobre el sentido de la sentencia condenatoria y sus  medidas cautelares. 

El presunto agresor, accedía a la representación de dicho teatro a cambio de una contraprestación económica que oscilaba entre los 1.000 y los 1.500 euros.

La falsa víctima y promotora del fraude, en el momento de la celebración del juicio ratificaba su declaración, y a partir de ahí se convertía en beneficiaria del elenco de servicios que la administración tiene establecido para las “verdaderas” víctimas de malos tratos, como son la renta económica mensual y la residencia legal en España.

Seis personas detenidas y 40 investigados

La Operación 'Fres-Onu' en la que han participado agentes de la Comisaría de Almería y El Ejido, se ha saldado con la detención de seis personas y otras 40 investigadas, a las que se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, simulación de delito y denuncia falsa. 

Los arrestados han pasado a disposición judicial el pasado día 29 de enero, sin embargo la investigación continúa abierta, y la Policía Nacional no descarta llevar a cabo nuevas detenciones en un futuro.

Renta Activa de Inserción y Autorización de Residencia 

La Ley de Medidas de Protección Integral contra Violencia de Género, prevé que cuando una mujer es víctima de una situación de violencia, pueda beneficiarse de la denominada Renta Activa de Reinserción, lo que le supondría un ingreso mensual renovable durante tres anualidades, del 80% del I.P.R.E.M.

Para que la misma opere, es necesaria una sentencia judicial, informe del Ministerio Fiscal, o vigencia de una Orden de Protección.

En este mismo sentido, el articulado de la Ley de extranjería prevé que cuando se trate de víctimas extranjeras y sin permiso de residencia válido, como medida de protección se les conceda una Autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, desde el mismo momento de presentar la denuncia en la Policía Nacional y su correspondiente Orden de Protección.