Una nueva vida para 55.000 casas y cortijos en la provincia

El relato es bien conocido y viene de lejos: legiones de jubilados británicos llegaron a la provincia -esencialmente al Almanzora- buscando sol y paz, con mayor vigor desde principios de la década de 2000. Invirtieron sus libras esterlinas en comprar solares y hacerse cortijos y casas rurales, en la mayoría de los casos en suelos rústicos no urbanizables, sin que nadie les aclarara demasiado bien lo que eso suponía. Compraron -la mayoría- de buena fe, soñando con un saloncito, con una chimenea, con un patio a orientado al sur para calentarse en invierno.

Después alguien se dio cuenta de que aquello se había ido de las manos -como con El Algarrobico nadie quería ver al rey desnudo- y llegó la Junta de Andalucía diciéndole a los ayuntamientos que se habían extralimitado, que cómo habían permitido construir en medio de la nada, sin previsión, en algunos casos, de servicios esenciales como tomas de agua y alcantarillado. 

Los Prior de Vera pagaron el pato, porque alguien tenía que pagarlo para ejemplarizar. Pero los Prior no hicieron nada que no hicieran miles de sus compatriotas en todos y cada uno de los rincones del Almanzora o de Los Vélez. De aquellos polvos, llegaron esos lodos y durante este tiempo los ingleses han vivido sin saber si de madrugada llegaría la piqueta. Hasta que viendo que el cadáver ya empezaba a oler, el Consejo de Gobierno andaluz dio luz verde a un decreto ley en septiembre de 2019 que abría el camino para regularizar miles de viviendas en Andalucía. En Almería se hizo el cálculo de unas 55.000 pendientes de poder salir de la ‘bandera pirata’.

La pandemia y la complejidad de los trámites administrativos han ralentizado la aplicación mucho más de lo que propietarios y ayuntamientos hubieran querido. Muchas de esas casas ya tienen luz, agua y basura pero todo en situación de alegalidad. 

Ahora, el Parlamento Andaluz está tramitando una nueva Ley del Suelo (Ley Lista) que tiene como objetivo resolver definitivamente el problema y dar seguridad jurídica a los propietarios y al mismo tiempo poner las bases para ordenar el territorio de una forma más simplificada, después del galimatías de los planes urbanísticos, potlas, potalas y demás.

A la espera de esa nueva normativa, con el decreto que está en vigor, los alcaldes ya han iniciado los trámites para legalizar los núcleos de viviendas alegales sirviéndose de la figura de AFO (Asimilados Fuera de Ordenación). 

En la provincia de Almería han firmado ya estas declaraciones los municipios de Tíjola, Taberno, Cuevas del Almanzora, Turre, Mojácar, Huércal de Almería, Cantoria, Vera y Partaloa.

La mayoría de las declaraciones se corresponden con edificaciones aisladas en suelo no urbanizable, tanto en viviendas como en naves agrícolas.

Al tiempo que se trata de  hacer tabla rasa con lo ya construido, la administración autonómica, a través de la Consejería de Fomento que dirige Marifrán Carazo ha potenciado el servicio de inspección para derribar las construcciones irregulares antes de que estén terminadas con multas que pueden llegar hasta los dos millones de euros, como ya ha ocurrido en la provincia de Cádiz.

Las declaración AFO permite que los propietarios puedan acceder al Registro de la Propiedad y a los servicios básicos, así como a la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento.

Los asentamientos hasta ahora alegales deberán figurar en los planes generales y, una vez superado ese paso, los ayuntamientos tendrán que desarrollar un plan especial.