Javier Pajarón
21:10 • 26 feb. 2012
La Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía nació hace 20 años con el objetivo de servir como una auténtica Policía Autonómica. Aunque su labor está salpicada por críticas sobre un supuesto uso político del servicio y por dudas sobre su utilidad (muchas competencias se solapan con las de otros cuerpos), los buenos resultados en ámbitos como la protección del medio ambiente han justificado tradicionalmente su servicio.
Sin embargo, la Policía Autonómica vive hoy su particular crisis de recursos y ve reducida al límite su presencia en actuaciones como la investigación de incendios forestales, las inspecciones en posibles delitos contra la ordenación del territorio y el control de vertidos.
Almería cuenta con la plantilla más corta en efectivos de la comunidad, según datos facilitados por la Consejería de Gobernación y Justicia. Según datos de la Memoria Anual 2011, a la que ha tenido acceso La Voz de Almería, las actuaciones en la provincia caen en prácticamente todos los ámbitos, salvo en el traslado de menores. Las inspecciones en incendios han pasado de 152 a 40 en dos años y los informes en espectáculos y centros de juego de 443 a 276.
Delitos urbanísticos
Ahora bien, el cambio más significativo se produce probablemente en el área de ordenación del territorio. El trabajo en la persecución de delitos urbanísticos había generado cierta fama a la Policía Autonómica en la provincia de Almería, pero el año pasado se realizaron 21 informes sobre la material y sólo se puso a una persona a disposición del a autoridad judicial.
El frenazo es evidente en comparación con las estadísticas 2009 cuando, a pesar de la crisis del ladrillo, se pusieron a disposición judicial a 41 personas por presuntos delitos urbanísticos (en 2010, otras 22).
El grupo parlamentario del PP andaluz ha registrado en esta legislatura varias preguntas referidas a los recursos y el trabajo de la Policía Autonómica. Además, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) en la provincia de Almería ha manifestado su malestar por “la carencia de recursos”. “Se nos van en traslados de menores”, añaden.
Según la Memoria 2011 el número de menores trasladados (en colaboración con servicios sociales de protección o de reforma juvenil) se mantiene en niveles similares a 2010, casi 600 ‘acompañados’.
Sin embargo, la Policía Autonómica vive hoy su particular crisis de recursos y ve reducida al límite su presencia en actuaciones como la investigación de incendios forestales, las inspecciones en posibles delitos contra la ordenación del territorio y el control de vertidos.
Almería cuenta con la plantilla más corta en efectivos de la comunidad, según datos facilitados por la Consejería de Gobernación y Justicia. Según datos de la Memoria Anual 2011, a la que ha tenido acceso La Voz de Almería, las actuaciones en la provincia caen en prácticamente todos los ámbitos, salvo en el traslado de menores. Las inspecciones en incendios han pasado de 152 a 40 en dos años y los informes en espectáculos y centros de juego de 443 a 276.
Delitos urbanísticos
Ahora bien, el cambio más significativo se produce probablemente en el área de ordenación del territorio. El trabajo en la persecución de delitos urbanísticos había generado cierta fama a la Policía Autonómica en la provincia de Almería, pero el año pasado se realizaron 21 informes sobre la material y sólo se puso a una persona a disposición del a autoridad judicial.
El frenazo es evidente en comparación con las estadísticas 2009 cuando, a pesar de la crisis del ladrillo, se pusieron a disposición judicial a 41 personas por presuntos delitos urbanísticos (en 2010, otras 22).
El grupo parlamentario del PP andaluz ha registrado en esta legislatura varias preguntas referidas a los recursos y el trabajo de la Policía Autonómica. Además, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) en la provincia de Almería ha manifestado su malestar por “la carencia de recursos”. “Se nos van en traslados de menores”, añaden.
Según la Memoria 2011 el número de menores trasladados (en colaboración con servicios sociales de protección o de reforma juvenil) se mantiene en niveles similares a 2010, casi 600 ‘acompañados’.
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