Garrucha contrata a Gómez Bermúdez para defender a la alcaldesa

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Garrucha ha aprobado la contratación del magistrado Javier Gómez Bermúdez para defender a la alcaldesa, María López (PSOE), en el procedimiento abierto por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Vera, a raíz de una denuncia presentada por el partido de la oposición Garrucha para la Gente por presuntos delitos de falsedad en documento oficial, contra la Administración Pública y malversación de caudales públicos.

El Consistorio aprobó la adjudicación el 24 de marzo por resolución de la alcaldesa y como contrato administrativo menor de servicios públicos, por 15.000 euros más IVA, para la defensa de López en primera y segunda instancia, al bufete Ramón y Cajal Abogados, en el que trabaja el conocido ‘juez estrella’ Gómez Bermúdez desde 2017. 

El magistrado fue presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional durante ocho años y ha presidido algunos de los juicios más importantes de la historia reciente de España, como el de los atentados del 11-M, en los que fallecieron casi 200 personas, o el del YAK-42.

La alcaldesa ha afirmado a este diario que Gómez Bermúdez ya está trabajando en el caso, iniciado tras una denuncia ante la Fiscalía de Álvaro Ramos, concejal de Garrucha para la Gente, en agosto de 2021. 

Gastos de combustible

Poco antes, el edil había solicitado documentación sobre los gastos de combustible de los vehículos municipales, aunque el Ayuntamiento solo le dio acceso de una parte, según indica. Una vez consultada la información disponible, reclamó más datos, aunque esta vez le fueron denegados, por lo que denunció a la Fiscalía, aportando la información que había obtenido.

En ella, siempre según su denuncia, apreció distintas irregularidades, como “la existencia de tarjetas activas de combustible asignadas a vehículos dados de baja, tarjetas de un vehículo que repostaba dos o tres veces a la misma hora, la de una barredora con capacidad de 40 litros que llenaba cantidades mucho mayores, o vehículos que repostaban indistintamente gasolina o gasoil”.

Posteriormente, Ramos amplió su denuncia con otras presuntas irregularidades en la contratación de personal municipal, después de que, según mantiene, el equipo de gobierno le  “denegara información sobre los contratos de una veintena de personas colocadas por el Ayuntamiento”.

Contratos de 6 meses Álvaro Ramos explica que desde 2015, desde que gobierna el PSOE, se accede a trabajos municipales mediante bolsas de empleo con contratos de seis meses. “Sin embargo -afirma- hay personas que han trabajado hasta tres años sin que se haya abierto un procedimiento público de empleo, entre ellos miembros de las listas del PSOE de 2015 y 2019”.

“Y además -añade- se ha llegado a contratar a una administrativa por decreto de la alcaldía, es decir a dedo, aunque fue despedida tras la primera visita de la Guardia Civil al Ayuntamiento en busca de documentación”. Y es que tras su denuncia y la del fiscal, el juez observó indicios de delito y abrió unas diligencias previas, acordando oficiar a la Policía Judicial para investigar los hechos. El mismo juez ordenó después el archivo provisional, hasta que recibiera el informe solicitado a la Policía Judicial.

“Todo está justificado”

María López ha afirmado a La Voz que ni ella ni su equipo de gobierno han cometido ninguna de las ilegalidades de las que se les acusa. “Todo está más que justificado, como ya explicamos en un vídeo”, dice. En él, la alcaldesa se muestra “indignada” por las declaraciones de Ramos, en las que a su entender se utiliza a personas que trabajan para los demás “como arma arrojadiza”. “Quiero dejar claro que ninguno de los concejales hemos tenido acceso a esas tarjetas de combustible de vehículos municipales. Pido que dejen de enfrentar a unos vecinos con otros y una actitud responsable al hacer oposición”, concluye.

La alcaldesa ha afirmado que la Fiscalía ha pedido en un último escrito el archivo de las actuaciones, después de que el abogado del edil de Garrucha para la Gente recurriera la decisión judicial de sobreseimiento provisional.

El fiscal pide que se desestime el recurso y expone “que el denunciante pretende que se practiquen una pluralidad de diligencias de investigación de naturaleza claramente prospectiva, lo cual no está permitido legalmente. El denunciante se queja de que el Ayuntamiento no le entrega la documentación que les ha requerido en diversas ocasiones, sospechando que va a poder encontrar los elementos probatorios de una infracción penal que “sospecha, o cree” que se hubiere podido cometer. Este modo de proceder resulta inadmisible en el derecho penal, por cuanto que es el denunciante perjudicado quien tiene que aportar los elementos de prueba acreditativos de la comisión del ilícito penal que denuncia y de la persona contra la que dirigir la acción penal”.

Por otro lado, el Ayuntamiento celebrará el 13 de junio un pleno extraordinario para tratar estas denuncias, a petición del PP, y como había solicitado Álvaro Ramos, quien reclamó también una comisión de investigación. El PSOE ha invitado a todos los vecinos que asistan a él en sus redes sociales, en las que critica con dureza al concejal de Garrucha para la Gente.