La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a penas de dos años de prisión a una pareja vecina de Garrucha por obligar a ejercer la prostitución a mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad a quienes, además, para "doblegar su voluntad" facilitaban el consumo de drogas como cocaína, anfetaminas y cannabis.
El tribunal condena, asimismo, al hombre, con numerosos antecedentes penales por delitos de violencia contra la mujer, a seis meses de cárcel por amenazas a dos de las víctimas cuando ambas optaron por denunciar su situación.
Ambos acusados reconocieron los hechos en el acto de juicio y mostraron conformidad con las penas interesadas por el fiscal como autores de cuatro delitos relativos a la prostitución, y otro delito de amenazas. A margen de la pena privativa de libertad, han sido condenados al abono de multa de 12 meses a razón de tres al día y otros 800 euros de multa por las amenazas. Deberán indemnizar a las denunciantes con 5.000 euros a cada una por el daño moral causado.
Según indica la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, condenado en cuatro ocasiones, tres de ellas por delito de violencia sobre la mujer contra la otra acusada, se "puso de acuerdo" con su compañera para promover la prostitución en un inmueble de Garrucha que tenía alquilado el primero e instar a mujeres mayores de edad a mantener relaciones sexuales con clientes, también en salidas al exterior.
El tribunal remarca que, ante la renuencia de las víctimas, los acusados "consiguieron vencer su oposición y en cualquier caso facilitar que accedieran a los encuentros sexuales" aprovechándose de la estancia irregular en España de las víctimas, quienes no tenían "permiso de residencia ni arraigo en España", contaban "con escasos recursos económicos" y con un "nulo apoyo social e institucional". Igualmente, según subraya, también "consiguieron doblegar su voluntad facilitándoles el consumo de drogas y estupefacientes, como cocaína, anfetaminas o cannabis".
Casi 1.000 anuncios sexuales en internet
La pareja era la que se encargaba de buscarles los clientes con los que tener relaciones sexuales y para favorecer su captación "realizaban fotografías con porte sexual a sus víctimas que colgaban en diferentes páginas de contactos sexuales donde aparecían los teléfonos del acusado como los de contacto para concertar las citas sexuales".
La sentencia, que recoge que en la investigación se localizaron hasta 918 anuncios, sitúa la actividad en los meses anteriores a febrero de 2020, cuando dos de las mujeres explotadas "no soportaron más la situación".
En esta línea, precisa que una de ellas, "tras varios intentos fallidos para tener relaciones sexuales con clientes debido a indisposición por el excesivo consumo de drogas facilitadas por los acusados en el domicilio, fue sometida a un encuentro sexual con un cliente en el domicilio de éste, en un lugar no exacto, en el cual también participo la otra víctima y que precipitó la denuncia". Añade que esta mujer fue sometida por lo acusados "a más actos sexuales" en ese mismo inmueble.
El tribunal calcula que la droga suministrada a las víctimas, pese al no haber podido ser intervenida por haber sido consumida, tienen un valor económico que "prudencialmente se estima en 500 euros".
La sentencia relata, asimismo, que, una vez supo que se había presentado denuncia, el acusado les envió desde su teléfono móvil mensajes de Whatsapp para que no informasen a las autoridades de la situación a las que habían estado sometidas y "anunciándole atentados a su integridad física", lo que "provocó un lógico temor" en ellas.
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