El alcalde teme el derribo de las obras de rehabilitación del castillo

El castillo de Sierro, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), fue construido entre el siglo IX y el siglo XII y poco o nada queda visible de él. Entre 2009 y 2010 el equipo de Gobierno de entonces realizó una serie de actuaciones que terminaron con la reconstrucción de tres torres, un almenado, parte de la muralla del edificio y una puerta de acceso. Todo ello, según el actual alcalde, Juan Rubio (PP), “por un capricho”. Sin autorización, sin proyecto y sin colaboración alguna de ningún arqueólogo, repiten desde el Ayuntamiento. “Simplemente se hizo por un capricho”, reitera su alcalde.

El “capricho” de construir en el entorno de una edificación calificada como BIC al que se refiere Juan Rubio le puede costar al municipio una multa de hasta 250.000 euros, una vez que la Delegación de Cultura ha puesto en conocimiento de la Fiscalía estos hechos. Pero no sólo eso. Lo que más teme el regidor de este pueblo cuya población no llega a los 500 habitantes, es que ahora sea el propio Consistorio el que por orden judicial deba demoler las edicicaciones levantas previamente con fondos, entre otros, de la Junta de Andalucía mediante el Plan Proteja. “Imagínate que un Ayuntamiento como el de Sierro tenga que demolerlo piedra por piedra. Imagínate el costo. Es imposible”, advierte el alcalde, que reconoce que no sabe “cómo se va a solucionar”.

Exploración
Antes de comenzar con los trabajos de reconstrucción se solicitó realizar una prospección arqueológica; esto es, una exploración. A pesar de ello, en declaraciones a LA VOZ, el anterior regidor socialista, Juan Matías, afirmó que se estaba “poniendo en valor y mejorando el castillo”, ya que “antes de las actuaciones no había mucho. Nosotros estamos trabajando para que este castillo de Sierro pueda ser un atractivo turístico”. Según el actual alcalde, estos trabajos se realizaron sin permiso alguno de la Consejería de Cultura, tal y como ha corroborado el delegado provincial, Antonio Lucas, aunque recibieron 9.500 euros de la Consejería de Empleo. El responsable provincial de Cultura explica que su consejería de lo único que tuvo conocimiento fue “de un permiso para una prospección arqueológica rutinaria, pero no había ningún tipo de proyecto para nada. Ni mucho menos ha aportado fondos para nada”.

Lucas asegura que todos los trabajos realizados en los últimos años sobre el castillo “no están autorizados” por lo que “procedía poner en marcha el expediente y dar conocimiento a la Fiscalía, según la Ley de Patrimonio”, aunque entiende que las obras “se pudieron hacer con la mejor intención”. El actual alcalde recuerda que, en su día, en el castillo “se estuvo limpiando y montando andamios, pero luego se tapó con unas telas blancas y se empezó a construir encima de todo eso”. Las intenciones podrían ser buenas, pero no parece el método más común de realizar una obra.