La justicia investiga la permuta de terrenos firmada por Ayuntamiento y Holcim

La justicia ha dado un paso más en la investigación que estudia la permuta de terrenos firmada en 2013 entre el Ayuntamiento de Carboneras y la empresa cementera Holcim. Un contrato por el que podría haberse producido un presunto perjuicio de hasta 28,2 millones de euros a las arcas municipales, además de haberse incurrido en presuntos delitos de cohecho y de malversación de caudales públicos, según la denuncia interpuesta.

Así, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vera ha requerido al Ayuntamiento de la localidad para que remita las cédulas urbanísticas en el año 2013 de las fincas afectadas. Una petición a la que ha tenido acceso este periódico y que se sitúa como paso necesario para poder realizar una tasación pericial que venga a corroborar los planteamientos de la denuncia anónima interpuesta en este asunto y ante la que la Fiscalía Anticorrupción interesó que se abriera procedimiento penal en 2016.

La firma del convenio investigado se remonta al 28 de enero de 2013 y se produjo entre el entonces alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, y la mercantil. Posteriormente, fue ratificado en pleno ordinario por los miembros del equipo de gobierno y el expediente de permuta se acordó por unanimidad en Junta de Gobierno local en mayo de ese mismo año. Se dan las circunstancias de que el entonces alcalde no fue a firmar ante el notario la permuta, cuando le correspondía hacerlo, y que asumió esa potestad el entonces edil de Hacienda y actual portavoz de Carboneras Avanza, Felipe Cayuela.

La elaboración de la tasación de los terrenos es un paso clave dentro del procedimiento como elemento previo ante la posibilidad de, según señaló la propia Fiscalía, tomar declaración a los miembros integrantes de la corporación municipal que apoyaron el convenio de permuta así como a representantes de la compañía.

Cabe destacar que desde el Ministerio Público se sostiene que “al parecer, se valoraron muy por debajo de su valor de mercado” los terrenos de propiedad municipal mientras que los terrenos que la mercantil cedió al Consistorio carbonero a cambio tenían “escaso valor económico en comparación”. La Fiscalía señala también que, en la denuncia anónima que destapó el caso, se “comunica que ese favorecimiento” a la empresa por parte de la corporación municipal “puede ser debido a supuestas comisiones ilegales recibidas a cambio de facilitar la permuta de los terrenos de una manera tan beneficiosa para la cementera”.

La denuncia formulada por la Fiscalía precisa que los terrenos de propiedad municipal fueron valorados en el contrato de permuta en 865.000 euros y los de la propiedad de la cementera en 529.000 euros, sospechando el denunciante que el valor real de los terrenos municipales superaba los 29 millones de euros (29.440.882 euros) y "los de la empresa 1.222.200 euros”, por lo que, según añade, “se habría producido un perjuicio a las arcas públicas de 28.218.682 euros”.

Ante este posible daño, el equipo de Gobierno actual elevó a pleno en marzo de 2021 la aprobación de la personación del Ayuntamiento en la causa, una propuesta que sacó adelante con la intención de defender el interés general.