Declaran los presuntos vendedores de votos en el ‘Caso Mojácar’

Más de una docena de supuestos vendedores de votos por correo de Mojácar pasaron, a lo largo del día de ayer, a prestar declaración por la comandancia de la Guardia Civil de Garrucha como cómplices de un presunto delito electoral por el que están detenidos siete personas en los calabozos de la policía local de Vera. 

No obstante, las autoridades judiciales comunicaron ayer que el juzgado de Vera ha acordado la puesta en libertad de uno de los detenidos en relación al supuesto fraude. En la causa hay un total de diez personas investigadas siete de ellas detenidas, ahora seis. Siete son de nacionalidad española y tres son sudamericanos. 

También declararon ayer  en Garrucha varios candidatos más de la lista electoral del PSOE de Mojácar, de los que la mayoría quedaron en libertad sin cargos. Hoy está previsto que los detenidos -entre los que se encuentra el número dos de la lista Manuel Bartolomé Flores Torres y el cinco, Cristóbal Vizcaino- presten declaración ante el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera, Víctor Valdivia Martín, quien decidirá si siguen en prisión preventiva y si levanta el secreto sumarial. Entre los detenidos se encuentran también un hermano de Vizcaino y el hijo de una prima de Flores. También declaró ayer la directora de la estafeta de Correos de Mojácar. 

Se trata de la primera vez en la historia de la provincia que se producen detenciones por una supuesta trama de voto por correo, aunque anteriormente se dictó una resolución condenatoria en Carboneras contra una edil del PSOE. 

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se pusieron sobre la pista de esta presunta trama el pasado 14 de abril a raíz de la denuncia presentada en el puesto de Garrucha por la alcaldesa, Rosa María Cano, tras recibir una queja de un ciudadano particular que se quejó de que le ofrecieron cien euros por su voto. Los agentes del Instituto Armado han encontrado, además de la lista del censo con anotaciones de nombres, numerosos acuses de recibo de la documentación solicitada para el voto por correo en la misma dirección de un estanco de la playa de Mojácar domiciliado frente a la playa de Vista de Los Angeles. También se ha encontrado, en uno de los domicilios registrados, un paquete con 100.000 euros.

Todo apunta a que la mayoría de las supuestas compras de voto se han realizado con ciudadanos de origen sudamericano -ecuatorianos, nicaragüenses y paraguayos- cuya colonia ha crecido en los últimos tiempos en Mojácar al alternar el trabajo de temporeros con el de la hostelería. Ahora quedan  muchas incógnitas en el aire  como qué va a pasar con el resultado del próximo domingo en las urnas mojaqueras con esta investigación abierta. Probablemente la constitución del próximo Ayuntamiento quede supeditada a la finalización de la investigación y la resolución del presidente de la Junta Electoral.

El delito por fraude electoral está tipificado para el comprador del voto en una pena de seis a tres años de prisión o a una multa de doce a 24 meses. Queda a criterio del juez si el vendedor del voto es considerado cómplice del fraude para que pueda ser también condenado.