El liberado en el Caso Mojácar es Pedro Montoya, exconcejal del PA

El titular del juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 4 de Vera, Víctor Valdivia Martín, dictaminó ayer la liberación, tras prestar declaración, de Pedro Montoya, exconcejal del Partido Andalucista de Mojácar, que era uno de los detenidos por el presunto fraude de los votos por correo de Mojácar. Los diez investigados -seis de ellos detenidos- testifican hoy ante en juez de Vera a partir de las cinco de esta tarde y antes será levantado el secreto de sumario. Alguno de los detenidos han viajado esta mañana a Almería para unas diligencias en la comandancia de la Guardia Civil y han vuelto al calabozo de la Policía Local de Vera donde se encuentran ahora. 

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se pusieron sobre la pista de esta presunta trama el pasado 14 de abril a raíz de la denuncia presentada en el puesto de Garrucha por la alcaldesa, Rosa María Cano, tras recibir una queja de un ciudadano particular que se quejó de que le ofrecieron cien euros por su voto. Los agentes del Instituto Armado han encontrado, además de la lista del censo con anotaciones de nombres, numerosos acuses de recibo de la documentación solicitada para el voto por correo en la misma dirección de un estanco de la playa de Mojácar domiciliado frente a la playa de Vista de Los Angeles. También se ha encontrado, en uno de los domicilios registrados, un paquete con 100.000 euros.

Todo apunta a que la mayoría de las supuestas compras de voto se han realizado con ciudadanos de origen sudamericano -ecuatorianos, nicaragüenses y paraguayos- cuya colonia ha crecido en los últimos tiempos en Mojácar al alternar el trabajo de temporeros con el de la hostelería. Ahora quedan  muchas incógnitas en el aire  como qué va a pasar con el resultado del próximo domingo en las urnas mojaqueras con esta investigación abierta. Probablemente la constitución del próximo Ayuntamiento quede supeditada a la finalización de la investigación y la resolución del presidente de la Junta Electoral.

El delito por fraude electoral está tipificado para el comprador del voto en una pena de seis a tres años de prisión o a una multa de doce a 24 meses. Queda a criterio del juez si el vendedor del voto es considerado cómplice del fraude para que pueda ser también condenado.

Se trata de la primera vez en la historia de la provincia que se producen detenciones por una supuesta trama de voto por correo, aunque anteriormente se dictó una resolución condenatoria en Carboneras contra una edil del PSOE.