Llamas: “Carecía de medios para vigilar estos delitos”

El alcalde de Cantoria, Pedro Llamas (PP), ha asegurado este martes que no actuó ante la construcción de cuatro viviendas en suelo no urbanizable y sin licencia municipal de obras entre los años 2003 y 2004 en el paraje de Las Terreras porque "carecía de medios" para incoar expediente sancionador y ha justificado el que autorizase el suministro de agua y luz en "razones humanitarias" ya que había "familias viviendo en ellas".

"No fue por pasividad sino porque carecía de medios para perseguir y vigilar estos delitos hasta 2006 y prueba de ello es que pedí colaboración a la Junta de Andalucía", ha indicado en alusión a un escrito de diciembre de 2004, durante la primera sesión de la vista oral, celebrada ayer en la Audiencia Provincial.

Petición
El citado escrito, según ha explicado, dio lugar a que la Consejería de Obras Públicas acordase subrogar la incoación del expediente de disciplina urbanística. El regidor, se enfrenta a penas de diez años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y tres meses de cárcel por la presunta prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y falsedad documental.

Llamas se sienta en el banquillo de los acusados junto a los dos promotores de la obra y el arquitecto técnico que redactó el proyecto. Llamas ha asegurado ante la sala que "jamás" concedió licencias de obra, de primera ocupación o de primera utilización para esas viviendas "porque era imposible" y ha señalado que tuvo conocimiento de la "ilegalidad a través de los agentes de la Policía Autonómica", un extremo que ha cuestionado la fiscal al subrayar que autorizó el suministro de servicios básicos entre abril y septiembre de 2004, "mucho antes" de que se produjera la comunicación. El alcalde ha afirmado, asimismo, no recordar que la secretaria municipal del Consistorio emitiese un informe -que sí obra en la causa abierta- en el proponía la apertura de expediente por obra sin licencia y la restauración del medio a su estado original o, de forma alternativa, suspender el suministro de luz y agua. Con respecto a esto último, ha defendido que nunca "mintió" a la Policía Autonómica al decir que no había emitido certificados para que se dieran de alta estos servicios "ya que lo que yo di fueron meras autorizaciones". El alcalde cantoriano ha remarcado a preguntas de su defensa sobre el delito de falsedad que se le imputa que las autorizaciones era "independientes a la legalidad o ilegalidad".

Durante la primera sesión del juicio, en el que ejercen como acusación particular las cuatro familias propietarias de las viviendas sobre las que el fiscal interesa demolición, han prestado declaración, asimismo, F.P. y A.P, padre e hijo a quienes se acusa de un presunto delito contra la ordenación de territorio por la construcción. Así, F.P. ha asegurado que "nadie" le dijo que la obra "era ilegal" y que se enteró de esa circunstancia "cuando ya estaban ocupadas". Ha trasladado la responsabilidad al "gestor que contraté para hacerme los papeles", a la inmobiliaria que vendió los inmuebles y a la empresa constructora del cuarto imputado, R.L.G., -por presunta falsedad documental- aunque ha reconocido que las casas se hicieron en suelo rústico sin licencia. "Creía que todo era legal y perfecto, si no, no hubiera movido un dedo", ha reiterado para recordar que dieron autorizaciones para luz y agua "sin preguntar y tras pagar 300 euros al Ayuntamiento".

Por su parte, su hijo, A.P., ha negado participar en la promoción con la mercantil ‘Construcciones y promociones inmobiliarias’ con la que ha negado vinculación pese a que así lo seña