El Fiscal mantiene la petición de 3 años de cárcel y 10 de inhabilitación para el alcaldea

El juicio que ha sentado en el banquillo al alcalde de Cantoria, Pedro Llamas (PP), por presuntos delitos derivados de la construcción de cuatro casas ilegales en su término municipal, ha llegado a su fin a falta de que el juez dicte sentencia en los próximos días, según fuentes judiciales.

La Audiencia Provincial de Almería acogió ayer la última sesión del juicio contra el alcalde cantoriano, en la que la Fiscalía mantuvo las mismas acusaciones que en el inicio del proceso y la misma petición, que equivale a tres años de cárcel por un presunto delito de falsedad de documento, nueve años de inhabilitación para cargo o empleo público por un presunto delito continuado de prevaricación y otros quince meses de inhabilitación por una presunta omisión en el deber de perseguir delitos. El Ministerio Fiscal también ha mantenido sus peticiones para las otras tres personas imputadas, el arquitecto y los dos promotores de las cuatro viviendas sobre las que ahora interesa una orden de demolición.

Alegaciones
El regidor de Cantoria, Pedro Llamas, expuso en su defensa el pasado martes, durante la primera sesión, que no actuó ante la construcción de las cuatro casas en suelo no urbanizable y sin licencia municipal de obras entre los años 2003 y 2004, en el paraje de Las Terreras, porque “carecía de medios” y ha justificado el que autorizase el suministro de agua y luz para las construcciones en “razones humanitarias”, ya que había “familias viviendo en ellas”. En cuanto a los permisos concedidos para el suministro de los bienes básicos, el primer edil popular aclaró que “jamás” concedió licencias de obra, de primera ocupación o de primera utilización para esas viviendas “porque era imposible” y ha señalado que tuvo conocimiento de la “ilegalidad a través de los agentes de la Policía Autonómica”, una afirmación que cuestionó la fiscal al subrayar que autorizó el suministro de servicios básicos entre abril y septiembre de 2004, “mucho antes” de que se produjera esa comunicación.

Promotores
Durante el juicio, en el que ejercen como acusación particular las cuatro familias propietarias de las viviendas, prestaron declaración F.P. y A.P, padre e hijo a quienes se acusa de un presunto delito contra la ordenación de territorio por promover la construcción. Así, F.P. aseguró que “nadie” le dijo que la obra “era ilegal” y que se enteró “cuando ya estaban ocupadas”.

Trasladó la responsabilidad al “gestor” contratado, a la inmobiliaria y a la empresa constructora del cuarto imputado, R.L.G., aunque ha reconocido que las viviendas se levantaron en suelo rústico sin licencia. Por su parte, su hijo, A.P., negó haber participado en la promoción pese a que así lo señaló uno de los propietarios afectados. De este modo, ha limitado su actuación a “intérprete” y su interés al propio “de preguntarle a mi padre cómo iba”.