Subcontratistas, inquietos por si los proveedores municipales no pagan

A partir del 31 de mayo se abre  el grifo: los proveedores de los 102 ayuntamiento de la provincia, que tienen facturas pendientes, podrán empezar a cobrar en las entidades financieras.
La mayoría de los bancos y cajas del país -excepto las que atraviesan especiales dificultades de liquidez - se han adherido a este plan de pago a proveedores aprobado por el Ministerio de Hacienda. Entre ellas, Cajamar, Unicaja, BBVA, Santander, Popular y La Caixa.

Sin embargo, lo que es motivo de celebración para proveedores, se torna en inquietud para empresas subcontratistas y pymes que tienen entre sus principales deudores a las grandes empresas contratistas. A esta hora, hay muchas empresas almerienses de mediano y pequeño calado que aún no saben cómo van a cobrar porque no hay ningún documento por escrito que oblige a los proveedores directos de ayuntamientos a liquidar deuda con sus  suministradores.

Los proveedores cobrarán de los bancos el dinero que les adeudan los municipios y las entidades contarán con el aval del Estado y éste lo cobrará a través de la retención que practicarán en estos ayuntamientos en los ingresos del Estado. Solo queda por saber la cuantía de esas retenciones, que se detallará en una orden ministerial que verá la luz la semana que viene.

El presidente de la Asociación de Empresas Subcontratistas de Asempal, en Almería, Jerónimo Parra, expresa su preocupación  “porque la mayor parte de nuestra deuda por cobrar proviene de constructoras como Sando, Detea y Tapusa y no sabemos el cuando ni el cómo vamos a cobrar de ellas, para las que realizamos la mayor parte de los trabajos”.
Jerónimo Parra formó parte de un encuentro en Sevilla la pasada semana con empresarios andaluces de mediano tamaño que se entrevistaron con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para establecer propuestas frente a la crisis económica”.
“Le pedí al presidente Santiago Herrero que vele también por nuestros intereses, que se respeten los plazos de pago, que no se permita a las grandes constructoras ganar todos los contratos y después que seamos nosotros las que hagamos las obras incumpliendo la Ley de Subcontratación que marca el tope máximo en el 40% de la obra”, expresó Parra. Las empresas subcontratistas y suministradores de grandes empresas piden a la Administración que se penalice en las licitaciones públicas a las empresas con deudas y exigen sanciones de hasta un millón de euros y cierres temporales a las que incumplan esta norma.

Un importante número de proveedores se han unido a la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad del que forman parte más de un millón de empresas en toda España con un millón y