Justicia buscará pactos para evitar juicios y ahorrar en costes

Los contactos entre la defensa y la Fiscalía para buscar un acuerdo en el ‘Caso Urdangarín’, que supusiera una condena de prisión inferior a dos años, pusieron los focos en un sistema de pactos previos muy común en los tribunales, pero menos conocido para  la opinión pública. De forma simplificada, la conformidad es una herramienta para asuntos penales donde el acusado acepta los hechos a cambio de ver reducida la pena.
Es un modelo muy jugoso para determinados delitos porque se ‘ahorran’ el juicio, los casos se ventilan en pocos minutos y el índice de recursos posteriores es ínfimo. Sin embargo, algunos sectores critican el abuso de los pactos que, en la práctica, suponen una rebaja sustancial de las penas.
A principios de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) envió una carta a la Audiencia Provincial de Almería para pedir a este órgano que impulse las conformidades y evite así “los llamados costes del mal funcionamiento de la Justicia”. Pedía el TSJA que “comiencen las reuniones de todas las partes implicadas para protocolizar los juicios de conformidad”. Hay que ahorrar.
Ahora, la Junta de Andalucía da un paso en el mismo sentido, aunque todavía muy preliminar. El recientemente nombrado consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha anunciado en  el Parlamento de Andalucía una iniciativa para articular un sistema de acuerdos entre el Colegio de Abogados y la Fiscalía orientado .
Acogida
“Procuraremos favorecer la celebración de acuerdos entre abogados y Fiscalía, a través de un protocolo para conformidades anticipadas que evite que se celebre el juicio oral”, expone De Llera. “Tendría beneficios como el ahorro en citaciones y en asistencia de peritos y testigos, además de evitar las molestias a la víctima que sufre, en ocasiones, hasta dos y tres veces la victimización”, añade.
La idea gusta mucho entre los abogados penalistas almerienses con un razonamiento muy sencillo: cuando ejerzan la defensa tendrán abierta la puerta a los acuerdos, más ágiles, y cuando ejerzan la acusación particular no tendrían ninguna obligación de pactar.
También es bien visto en la judicatura. Sólo en la Audiencia Provincial de Almería se celebraron el año pasado 300 juicios de graves delitos. Cada caso suma, a menudo, cientos de folios de expedientes, decenas de testigos y peritos y años de investigación. Al trabajo que ello supone hay que añadir los más de 1.400 asuntos añadido en apelaciones y recursos. En este contexto ‘ahorrarse’ un juicio puede suponerles un desahogo.
Según el último informe del TSJA, la Audiencia Provincial de Almería dictó en 2011 unas 2.000 sentencias penales, de las cuales apenas un 4 por ciento se produjeron por conformidad.
La cifra es reducida, aunque está ajustada a la media andaluza en este terreno. No obstante, contrasta enormemente con la efectividad del trabajo de mediación de otras jurisdicciones como los Juzgados de Menores, donde la mitad de los asuntos se solucionan por conformidad del implicado.