PSOE: “Los almerienses pagarán 11 millones por el medicamentazo”

Miles de pensionistas y miles de usuarios almerienses que acuden a una farmacia a comprar un mucolítico han entrado a formar parte del colectivo más perjudicado por los recortes sanitarios aprobados recientemente por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy.

Esta denuncia la hicieron pública ayer los representantes del PSOE en esta provincia que analizaron los impactos de las medidas más impopulares del Ejecutivo: el aumento del porcentaje que se aplica al usuario que va a adquirir un fármaco y la inclusión de los pensionistas y la exclusión de 425 medicamentos del sistema de financiación de la sanidad pública.

Solo en el caso de los pensionistas. la medida afecta a 109.742 almerienses, de los que más de 91.000 tendrán que abonar 8 euros cada mes a las arcas públicas. También, en el caso de los polimedicados, unos 19.000, si tuvieran que abonar por adelantado el 10 por ciento de su importe, deberían desembolsar al año 3,5 millones de euros. “No serían pensionistas, sino prestamistas de dinero al Estado”.

Lo explicó la diputada en el Congreso, Gracia Fernández, acompañada en la comparecencia de prensa por el secretario provincial del PSOE y parlamentario andaluz, José Luis Sánchez Teruel.

Junto a esa cantidad, que será inferior porque la Junta de Andalucía ha establecido un tope para que no adelanten dinero los pensionistas que luego les sería devuelto, los socialistas estiman que el ‘coste del recorte’ superará los 11 millones de euros a los ciudadanos que residen en esta provincia. 5,5 millones corresponderían a la parte que están obligados ya a abonar los pensionistas y una cantidad similar es la que se facturó por el gasto en Almería en los 425 fármacos excluidos de la financiación pública.

La diputada Gracia Fernández consideró que todas las decisiones que en materia sanitaria ha adoptado recientemente el Gobierno son “injustas, innecesarias e incluso ilegales”. Por tal motivo, justificó que la Junta haya interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra los acuerdos del Ejecutivo.

Fernández Moya, que hasta hace unos meses dirigía un distrito sanitario en la provincia, ha cuestionado los criterios técnicos empleados por la Administración Central para excluir a determinados fármacos de la financiación pública, entre ellos mucolíticos y corticoides.