La Eurocámara insta a perseguir a los responsables de las casas ilegales

El pleno de la Eurocámara ha instado al Gobierno de España a perseguir a los responsables de viviendas ilegales en la costa tras recibir numerosas quejas de ciudadanos por esta cuestión.

El texto aprobado por los eurodiputados insta a “velar por que aquellos cuyas acciones fraudulentas han puesto a numerosos ciudadanos de la UE en una situación intolerable como consecuencia de la pérdida de sus hogares o del riesgo que corren de perderlos, además de haber infligido un daño grave al entorno de las costas y de haber contribuido en gran medida a la crisis financiera y económica, sean perseguidos debidamente y se les obligue a pagar los daños que han causado”.

Efecto desproporcionado
“La Ley de Costas ha tenido un efecto desproporcionado sobre los propietarios de inmuebles y, al mismo tiempo, no ha tenido repercusiones suficientes en los verdaderos causantes de la destrucción de la costa que, en muchos casos, han sido responsables de un desarrollo urbano excesivo a lo largo de la costa, incluidos los centros vacacionales, y que tenían buenos motivos para saber que estaban actuando, siempre, en contra de las disposiciones de esta ley”, señalan los eurodiputados.

La petición al Gobierno español llega a través de una enmienda de la eurodiputada danesa de Los Verdes Margrete Auken al informe anual de las actividades de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, que ha recibido numerosas quejas de ciudadanos europeos por la falta de seguridad jurídica de las viviendas en la costa.
La enmienda ha sido aprobada con 327 votos a favor, 291 en contra y 15 abstenciones.

75 denuncias
La Eurocámara recibió el año pasado 75 denuncias por quejas relacionadas con el derecho a la propiedad, especialmente por la Ley de Costas de 1988 y que afectan a todas las regiones costeras del país, según refleja el informe anual de las actividades de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, aprobado este miércoles por el pleno del Parlamento Europeo por amplia mayoría.

Según el informe, la Eurocámara recibió el año pasado 23 quejas procedentes de la Comunidad Valenciana, 11 desde Andalucía, fundamentalmente de Almería, 10 de Cataluña, 9 de Baleares, 9 de Canarias, 3 de Asturias, otras 3 de Cantabria, 2 del País Vasco, 2 de Galicia, una de Murcia y otras dos quejas generales contra la Ley de Costas.

Los ciudadanos españoles presentaron 51 de las quejas sobre el derecho de propiedad y 19 por ciudadanos de otros países. Además, 31 de los casos permanecen abiertos. Las quejas de los ciudadanos españoles se refieren sobre todo a quejas por infracciones de la normativa europea medioambiental, derechos fundamentales y justicia, como en otros años, según pone de relieve el informe.