Javier Pajarón
21:22 • 21 nov. 2012
La Ley de Tasas judiciales entra en vigor hoy a pesar del rechazo frontal de los principales operadores jurídicos. Abogados, procuradores y un sector de la judicatura almeriense se muestran contrarios a la aplicación de las tasas consagradas en la norma auspiciada por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón y amenazan con medidas de protesta para los próximos días.
La ley duplica las cantidades que tendrán que pagar los ciudadanos para procedimientos comunes como los monitorios (reclamaciones de cantidad habituales en pequeños negocios y comunidades de vecinos) y las apelaciones en segunda instancia. Además, incorpora medidas muy polémicas como una tasa del 0,5 por ciento sobre la cantidad económica reclamada. Esto es, si un ciudadano presenta una demanda y solicita una indemnización, tendrá que aportar a fondo perdido ese porcentaje sobre el total.
Según el preámbulo de la ley, su objetivo es “racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional” y “aportar mayores recursos al sistema judicial”, es decir, disuadir a quienes buscan dilatar los procesos judiciales e ingresar más dinero por acudir a los tribunales. Sin embargo, el decano del Colegio de Abogados de Almería, José Pascual Pozo, considera que la ley de tasas “supone un retraso de 30 años en la Justicia y un ataque a los derechos de los más débiles”. “Será un obstáculo para el acceso a la Justicia y, por tanto, cuenta con nuestra total oposición”, añade Pozo.
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La ley duplica las cantidades que tendrán que pagar los ciudadanos para procedimientos comunes como los monitorios (reclamaciones de cantidad habituales en pequeños negocios y comunidades de vecinos) y las apelaciones en segunda instancia. Además, incorpora medidas muy polémicas como una tasa del 0,5 por ciento sobre la cantidad económica reclamada. Esto es, si un ciudadano presenta una demanda y solicita una indemnización, tendrá que aportar a fondo perdido ese porcentaje sobre el total.
Según el preámbulo de la ley, su objetivo es “racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional” y “aportar mayores recursos al sistema judicial”, es decir, disuadir a quienes buscan dilatar los procesos judiciales e ingresar más dinero por acudir a los tribunales. Sin embargo, el decano del Colegio de Abogados de Almería, José Pascual Pozo, considera que la ley de tasas “supone un retraso de 30 años en la Justicia y un ataque a los derechos de los más débiles”. “Será un obstáculo para el acceso a la Justicia y, por tanto, cuenta con nuestra total oposición”, añade Pozo.
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