La Junta admite 3.000 solicitudes de salario social de familias de Almería

Las peticiones de salario social en Almería han aumentado en el último año y las solicitudes admitidas también. De hecho, si en 2011 fueron 2.500 las solicitudes que recibieron el visto bueno y 2.500 las familias beneficiarias de esta renta mínima de inserción, el año pasado fueron 3.000 las peticiones recompensadas. Así lo apuntan responsables de la delegación territorial de Salud y Bienestar Social que defienden, además, la supervivencia del programa a pesar de “los recortes del Gobierno central”.

En este sentido, el delegado en Almería de la Consejería de Salud y Bienestar Social, Alfredo Valdivia, comenta que la cantidad destinada a salario social a nivel nacional se ha visto reducida “un 78% por parte del Gobierno de Mariano Rajoy”. Aún así, Andalucía ha aumentado un 12% esta partida para mantener un programa del que dependen numerosas familias en la provincia.

En concreto, Valdivia cifra en más de 70 millones los que la Junta va a destinar a este tipo de ayudas a las familias menos favorecidos y en riesgo de exclusión social.

Además, el responsable almeriense de Bienestar Social asegura que esta medida quedará este año completada con el Plan de Acción Social, Un programa que incluye a los ayuntamientos y que contará este ejercicio con una cuantía de otros 60 millones de euros.

Plan de Acción Social

Valdivia explica, en este sentido, que el Plan de Acción Social, que pretende ofrecer ayuda a las personas que más sufren la crisis y que cumplan una serie de requisitos de los que serán informados en sus propios ayuntamientos, ha puesto de acuerdo a los responsables municipales de toda la provincia de Almería. “Todos los ayuntamientos se han volcado en el Plan de Acción Social y hay que decir que lo han hecho independientemente del signo político que hoy preside cada consistorio”.

El ingreso mínimo de solidaridad o salario social es una prestación económica mensual del 62% del salario mínimo interprofesional incrementada en un 8% por cada miembro de la unidad familiar que se acoge a esta solicitud hasta un máximo equivalente al 100% del salario mínimo interprofesional.

Una comisión provincial de valoración evalúa las solicitudes presentadas y la formulación de las correspondientes propuestas de resolución . La comisión está compuesta por representantes de la Junta, sindicatos y organizaciones empresariales.