En torno a treinta viviendas aportará Cajamar al nuevo Fondo Social de Viviendas ubicadas en la provincia, más otras 50 en Murcia y Valencia. De esta manera, otras tantas familias almerienses desahuciadas podrán acceder a estos inmuebles por una cantidad mensual que oscilará en torno a los 150 y 400 euros.
El criterio que el Gobierno ha pedido a las entidades es que diversifiquen su oferta de casas en los distintos territorios en los que operan. En la firma del convenio participan el Gobierno, el Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector (ONG), las patronales bancarias y 33 entidades de crédito -entre ellas Cajamar y Unicaja- para poner a disposición de las familias desahuciadas 5.891 casas en toda España.
Podrán acceder a estos pisos, personas desalojadas de su hogar desde el 1 de enero de 2008 por no pagar la hipoteca. Además, los beneficiarios tendrán que encontrarse en situación de especial vulnerabilidad. Es decir, cumplir las condiciones fijadas por el Gobierno, como no superar una renta de poco más de 19.000 euros al año y no ser propietario de ninguna otra vivienda. Y además, ser familia numerosa, monoparental con dos o más hijos o, por ejemplo, estar en el paro y haber agotado el cobro de la prestación.
El contrato durará dos años con opción a que sea prorrogado por un tercero si la situación del arrendatario no ha cambiado. Del mismo modo, si antes de los dos años la coyuntura económica de la familia mejora, se revisarán las condiciones de su alquiler. serán los servicios sociales de ayuntamientos y diputaciones los que emitan, a petición de la entidad de crédito, un informe sobre la necesidad o riesgo social del solicitante, al objeto de priorizar entre los demandantes.
El fondo estará operativo a partir del próximo 31 de marzo y confirman que se dará especial prioridad a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.
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