La adjudicataria de la variante reclama 5,8 millones a la Junta

Los poco más de siete kilómetros del último tramo de la variante de Roquetas de Mar que serviría para unir la A-7 con la ‘Urba’ debería haber acabado aproximadamente a mediado de 2010. Sin embargo, las obras de esta carretera, fundamental para aliviar el tráfico en el municipio roquetero, llevan paralizadas más de un año por falta de disponibilidad presupuestaria.

Esta suspensión ha generado un reclamación a la Junta por parte de la entidad adjudicataria -la UTE integrada por Acciona y López Porras- de 5,86 millones de euros en concepto de “costes directos, costes indirectos, gastos generales e intereses de demora”, según recoge el Informe de Fiscalización 2007-2011 de la Cámara de Cuentas de Andalucía en materia de infraestructuras. Desde la Consejería se Fomento y Vivienda se aclara que la reclamación va por la vía administrativa y que “en ningún caso la UTE ha presentado reclamación judicial”.

Suspensión temporal
Fomento además puntualiza que la situación administrativa del contrato cambió a principios de 2012, “dato que no refleja el informe de Cámara de Cuenta (2007-2011), ya que Agencia de Obras Públicas de la Junta (AOPA) formalizó la suspensión temporal de la obra ante la falta de disponibilidad presupuestaria y con posterioridad al trabajo de campo del Informe de la Cámara de Cuenta”.

Según explica Fomento, durante 2011 se produjeron negociaciones para adecuar el calendario de pagos a la disponibilidad presupuestaria, pero no llegaron a buen puerto, por lo que a principios de 2012 se procede a formalizar su suspensión temporal. “Esto significa que la empresa ya no tiene que seguir ejecutando unidades de obra ni puede presentar certificaciones a la Administración y, por tanto, no se generan ya costes para la contrata. De hecho la conservación de la infraestructura -cuya ejecución está suspendida temporalmente- pasa a ser responsabilidad de la Consejería de Fomento y Vivienda”.

Esto significa que la situación de esta obra, tras las negociaciones infructuosas de 2011 para su continuación, se ha regularizado plenamente a principios de 2012, una vez se formalizó la suspensión temporal de la misma, por lo que no se han generado desde esa fecha nuevos costes a la constructora.

No obstante, el informe de la Cámara de cuentas recoge que “dicha reclamación se presentó cuando la obra se consideraba suspendida temporalmente”.

Actualmente, los técnicos e ingenieros de la AOPA están estudiando los costes y argumentos esgrimidos en la reclamación para contestar a la UTE.

Ninguna de las dos empresas adjudicatarias han querido pronunciarse sobre la reclamación. Acciona ha alegado cuestiones de confidencialidad y López Porras no ha contestado a las preguntas de este periódico.