Vecinos de El Palmer afirman no estar afectados por la Ley de Costas

El presidente de la Comunidad de Vecinos de El Palmer, Gabriel Ortega, ha salido al paso de las recientes declaraciones del Jefe del Servicio Provincial de Costas, Miguel Ángel Castillo, en las que éste aseguraba a LA VOZ que el inmueble construido en la playa de El Palmer -término municipal de Enix- está y siempre ha estado “totalmente dentro de dominio público”. Según Ortega, si eso fuera así y hay incumplimiento de la ley por parte de los vecinos “su deber hubiera sido denunciarnos, cosa que hasta el momento no ha hecho”, apunta.

1.100 apartamentos
Según explica el presidente de la comunidad vecinal, Por Orden Ministerial del 10 de septiembre de 1972, el Ministerio de Obras Publicas “autorizó la urbanización y edificación de 1100 apartamentos a la mercantil La Parra S.A., según el proyecto presentado al Ayuntamiento de Enix y redactado por el arquitecto Alejandro Pascual”. El proyecto recogía, además de la urbanización de cinco edificios -actualmente solo hay uno-, un paseo marítimo y un puerto deportivo. Como la Parra había vendido los terrenos colindantes a la concesión para el paseo marítimo a la empresa HITSA, esta sociedad solicitó a la Jefatura Regional de Costas de Málaga la autorización para construir cinco bloques de apartamentos en su propiedad. “Con fecha de 26 de enero de1980, la Jefatura de Costas da la autorización, tras obtener los informes favorables previos de la Comandancia Militar de Marina de Almería, Delegación Provincial de la Secretaría de Estado de turismo de Almería y del Ayuntamiento de Enix”, que un mes después otorgó la licencia municipal de obras para el primero de los cinco bloques.
Según Ortega, todas las viviendas que conforman el edificio “se encuentran debidamente inscritas en el Registro de la propiedad, los propietarios han ido pagando sus impuestos y éstas aparecían en el catastro. Algunas fueron transmitidas y nuevamente inscritas en el registro tras liquidar ante la Junta de Andalucía el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, después de ser escrituradas ante un notario”, algo que considera del todo imposible si el edificio hubiera sido ilegal. Es más, Ortega explica que “las actas de replanteo del deslinde, que fueron firmadas en su día por representantes de la Administración de Costas, marcaron la línea de deslinde por delante de los futuros edificios, no por detrás del edificio y por delante del hotel como dicen ahora”.
El presidente de la Comunidad de Vecinos informa también de que mediante sentencia de 14 de julio de 1979 el Juzgado de primera instancia número 3 de Almería declaró que HITSA era la legitima propietaria en pleno dominio de la finca cuyos linderos eran los siguientes: “por su frente principal, Sur, en linea irregular, con zona marítimo terrestre, por el fondo, norte,en línea menos irregular que la anterior, con el nuevo y actual trazado de la carretera Nacional 340 y mediante la misma, con el resto de la finca matriz de la que se segrega, por la izquierda entrando, oeste y por a derecha, este , ambas en lineas rectas, con resto de la finca matriz”. “Por tanto nos encontramos ante una sentencia judicial firme que declara la titularidad de la finca a favor de particulares”, añade.

36 familias afectadas
Según explica, muchas de las 36 familias que viven en el edificio tienen por delante el pago de muchos años de hipoteca. “Algunas hipotecas de las ultimas viviendas transmitidas fueron constituidas recientemente, ya que en el registro de la propiedad no consta ninguna nota que grave las fincas o impida su venta. Los bancos no hubieran concedido las hipotecas si sus correspondientes servicios jurídicos hubieran tenido la menor duda sobre la legalidad del edificio”.
El tema del deslinde está actualmente pendiente de una decisión del Tribunal Supremo y -explica Ortega- “en el hipotético caso de que el juzgado no diese la razón a los vecinos frente a las pretensiones de Costas”  tendrían que “iniciar un procedimiento de reclamación de responsabilidades contra diversas entidades y funcionarios públicos”. “También supongo que los bancos que se quedaran sin la garantía de la vivienda ante la hipoteca concedida iniciarían acciones judiciales”, añade.