AUAN reprocha a la Junta que corte la luz y el agua a 19 casas irregulares

La Junta de Andalucía “ha ordenado” la desconexión del suministro de luz y agua para 19 viviendas irregulares de Cantoria ocupadas por pensionistas británicos. Es lo que ha denunciado la asociación de propietarios afectados por las viviendas ilegales Abusos Urbanísticos Almanzora –No (AUAN), desde donde se ha criticado este “giro inesperado” por parte de la Administración andaluza, al asegurar que la misma Institución autonómica ya había “acordado” con anterioridad que las casas podrían legalizarse.

El pasado año la Junta de Andalucía llegó a afirmar, según la asociación, que estas construcciones ubicadas en el paraje cantoriano de El Fas, podrían normalizar su situación urbanística siguiendo los criterios establecidos por el decreto de regularización de viviendas.

Sin posibilidad
“A pesar de este acuerdo, la Junta continúa con  un procedimiento administrativo en contra de los bienes y ha ordenado la desconexión de los servicios que, al parecer, no puede volver a conectarse hasta que la propiedades sean plenamente legales, un proceso que puede tardar muchos años”, lamentan desde Abusos Urbanísticos Almanzora –No.

Las diecinueve viviendas, por las que cada propietario desembolsó una cantidad que oscila entre 160.000 euros y 265.000 euros fueron levantadas por un constructor de origen holandés sin licencias de obras pero “a la vista” del Ayuntamiento, según AUAN. “El promotor, ‘Southern Spain Consultants C.B.’, fue declarado culpable de crímenes de planificación en 2011, en una sentencia que reconoció que los dueños que acudieron a la Fiscalía habían actuado de buena fe. Sin embargo, la sentencia no dictó que los compradores debían ser compensados y el promotor recibió una pena mínima y una multa”, explican en la asociación.

Ante esta situación que podría prolongarse durante varios meses y a la vista de tener que realizar nuevos desembolsos para hacer frente a las obligaciones judiciales con el fin de normalizar urbanísticamente las viviendas, varios propietarios de las mismas han optado por abandonar las construcciones que adquirieron hace años. Para la presidente de AUAN, Maura Hillen, “esta gente, que ha invertido más de tres millones de euros en España”, en referencia a los propietarios británicos, están siendo tratados “ignominiosamente por un sistema que no funciona” para protegerles.

Miles de casos
“Desafortunadamente este no es un caso aislado. Muchos miles de propietarios de viviendas ilegales viven con el temor de la desconexión, y las últimas ‘soluciones’ propuestas por la Junta simplemente han servido a empeorar las cosas", ha declarado Hillen.

La asociación de afectados siempre se ha mostrado crítica con el decreto de regularización  elaborado por la Junta de Andalucía, expresando que el documento aprobado en enero de 2012 es “ambiguo” y claramente “insuficiente” de cara a solucionar un problema que afecta a más de 12.000 viviendas en la provincia Almería.