El atasco judicial provoca rebajas en las penas de decenas de delincuentes

El axioma más repetido en los juzgados habla del tiempo: “Una justicia lenta no es justicia”. Aquellos que se sientan en el banquillo tienen derecho a un proceso sin dilaciones indebidas que, para bien o para mal, resuelva sus casos lo antes posible. Así está recogido en la ley.  Sin embargo, la realidad es muy distinta y los procesos judiciales se estiran a menudo varios años. 

Cuando los juicios se culminan con condenas la situación provoca dos alternativas muy distintas; que el criminal tenga que cumplir cuando ya se encuentra reinsertado o que el retraso le provoque un beneficio directo con una rebaja en su castigo de prisión.Y este último aspecto preocupa especialmente a las autoridades.

Decenas de delincuentes se benefician cada año en los tribunales almerienses de atenuantes por una dilación injustificada. En la raíz  está la sobrecarga, en ocasiones un atasco judicial en la instrucción, según los operadores.
Según la Fiscalía de Almería (Memoria 2012), “la lentitud en la fase de instrucción es desesperante (...) la celebración de los juicios tantos años después de ocurrir los hechos conlleva de forma generalizada que se aplique la atenuante de dilaciones indebidas y los jueces además tienden a degradar la responsabilidad penal”.

El fiscal jefe de Almería, Antonio Pérez-Gallegos matiza. “La atenuante de dilaciones indebidas no se aplica de forma sistemática, pero sí bastante más de lo deseable. Hay que tener en cuenta que existen casos de gran complejidad y muchas partes implicadas”.

La cuestión se manifiesta en algunas sentencias recientes. Sirva de ejemplo la primera vista por estafa al presunto asesino de Fiñana, Jonathan Moya. El titular del Juzgado de lo Penal número Uno y juez decano de Almería, Luis Columna, lamentaba tener que rebajar seis meses la condena. “La gran carga de trabajo que pesa sobre el Instrucción número Dos de la capital, con alrededor de 8.000 diligencias previas al año, unido a que desde 2009 investiga la compleja causa coloquialmente conocida como ‘Operación Poniente’, es la única razón por lo que la instrucción no fue lo rápida que se hubiera deseado (...) de estas dilaciones no es culpable el acusado”.
Ahora bien, Luis Columna asegura que las aplicación de dilaciones indebidas no es generalizada en los Penales almerienses porque “la mitad de los casos se resuelven con juicios rápidos”.

Causas complejas
Más conflictivo es el debate en la Audiencia Provincial, donde se ventilan los asuntos más complejos. “La aplicación de la atenuante sólo se aplica cuando la dilación no es imputable a las partes. No se hace de forma sistemática, pero sí hay todavía causas antiguas o con muchísimas partes personadas. Se producen muchas suspensiones”, explica la presidenta Lourdes Molina.

Instituciones como la Fiscalía General del Estado siguen muy de cerca los retrasos. De hecho, como confirma Pérez Gallegos, un programa de Inspección Fiscal obliga a remitir un informe trimestral en asuntos que estén paralizados tres meses después de su fecha de registro. El fiscal jefe asegura que es un porcentaje muy pequeño, pero advierte del esfuerzo hercúleo del personal. “Gran parte de la culpa es de la limitación de medios, sin duda”.