Los particulares tendrán más trabas para alquilar sus pisos de verano

Los propietarios de varios miles de pisos y apartamentos que se alquilan en verano en la costa almeriense y en zonas turísticas de interior van a tener más requisitos legales que cumplir para ejercer esta actividad económica.
El Gobierno ha anunciado que  introducirá medidas para establecer un mayor control en los arrendamientos estivales mediante una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que tendrán que desarrollar las comunidades autónomas.
Dentro de esta batería de nuevas medidas, se plantea exigir a los particulares que alquilen, la comunicación previa al Ayuntamiento; la inscripción de la vivienda en un registro; la contratación de una empresa de asistencia y mantenimiento; el sometimiento a la inspección pública de las viviendas;  la puesta a disposición de hojas de reclamaciones y la tenencia de un registro de ocupantes que debe entregarse a la policía.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha considera estas medidas “un atropello bajo la excusa de que se hace la competencia desleal al sector hotelero o que se rebaja la calidad de la oferta turística”.
Añaden que “se trata de un ataque a las economías domésticas que no pueden vender su casa en la actualidad y que ven como única alternativa el alquiler de su segunda vivienda”. José Antonio Díaz Roda, presidente de la Unión de Consumidores y Usuarios (UCA) en Almería, sin embargo, tiene una posición más matizada en el sentido de que “hay muchos alquileres de temporada que son clandestinos, sin contrato y con muchos inconvenientes para el usuario, no hay más que darse una vuelta por El Zapillo, Aguadulce o Mojácar”.
Considera que “los precios abusivos muchas veces parten de este tipo de arrendamientos y estoy de acuerdo con esta modificación siempre que no sea una carrera de obstáculos para el propietario, todo don medida”. Apunta también Díaz Roda a los apartamentos para estudiantes que también entran en muchos casos dentro de la economía sumergida, al firmarse sin contrato”.
El presidente de Ashal, Diego García Molina, se muestra partidario de tener en cuenta la zona. “Todos debemos entrar dentro de la legalidad, pero hay que tener en cuenta que no es lo mismo esta actividad en Roquetas o Mojácar que  los pequeños pueblos alpujarreños, no se puede ahogar a las pequeñas casas rurales con exigencias que les sobrepasan”.
También entrará el 1 de junio en vigor un nuevo certificado energético para aquellos propietarios que quieran vender o alquilar su vivienda.