Los británicos piden cuentas a Europa

En marzo de 2009, el Parlamento Europeo emitió una resolución acerca de cómo afectó la burbuja inmobiliaria en los derechos individuales de los ciudadanos, así como en el medio ambiente y en la aplicación de las leyes dentro del marco europeo. El documento fue elaborado tras las peticiones recibidas, entre otros, de compradores británicos afectados por la problemática urbanística en el Almanzora.

La resolución elaborada por el Parlamento hacía un llamamiento al Gobierno español y al de las comunidades autónomas para que se produjera una revisión de la legislación que afecta al derecho a la propiedad del individuo, además de otra serie de indicaciones que, de llevarse a cabo, ayudarían a normalizar el estado de las 12.000 viviendas ilegales que existen en esta comarca almeriense.

Inactividad

“Cuatro años después de la resolución, nada ha cambiado”. Así lo asegura la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN) en una carta abierta dirigida a los miembros británicos del Parlamento Europeo. En el comunicado dirigido a los europarlamentarios, AUAN considera que aún hoy “se continúa abusando” de los derechos de los propietarios de estas viviendas.

Una carta en la que además la asociación asevera que tanto el Gobierno central como los ejecutivos de las respectivas autonomías han fracasado al intentar aplicar medida alguna en favor de aquellos a los que la asociación considera “víctimas” del sistema urbanístico.

El caso de los Prior (el matrimonio de Vera cuya casa fue demolida), la falta de conexión a servicios básicos como la luz o agua en algunas barriadas, el número de construcciones ilegales en Andalucía, que “ronda las 300.000...”. AUAN recuerda en su misiva todas y cada una de las consecuencias derivadas del boom urbanístico y la compra masiva de viviendas realizada por ciudadanos de habla inglesa.

Es más, los ciudadanos británicos no se muestran “sorprendidos” porque el Ejecutivo español ignore sus demandas y peticiones, lo que sí ha causado asombro, afirman, entre los propietarios de viviendas ilegales, ha sido que se haya hecho “caso omiso” a la resolución emitida por el Parlamento Europeo en 2009, puesto que “el Parlamento y la Comisión Europea tienen poder ejecutivo”.

Unánime

Coincidiendo con el Año del Ciudadano Europeo, AUAN ha decidido preguntar a sus parlamentarios “qué ha pasado” con aquella resolución de la que no se ha materializado ninguna de sus conclusiones, bajo el punto de vista de la asociación. “No se ha hecho muy poco sino nada. En base a ello y al hecho de que parece que han empeorado las cosas (ahora los promotores tienen problemas económicos), piden a los miembros británicos que investiguen qué se ha hecho”, explica el abogado de AUAN, Gerardo Vázquez.

Las exigencias de los británicos  del Almanzora son una buena muestra del descrédito que sufren las instituciones europeas en Inglaterra y entre los ciudadanos del Reino Unido. “En opinión de mucha gente, dichas instituciones no protegen lo suficiente al individuo”, opina “a título personal” el letrado.

“Son muy adeptas a crear una maraña legislativa, pero cuando llega el momento de proteger derechos básicos parece que o se puede hacer nada”, reflexiona Vázquez. Estos letrados tienen ahora otra oportunidad para reivindicarse ante sus ciudadanos o darles la razón en el caso de que guarden silencio.