3.500 empresas de la provincia se inscriben para hacer obra pública

Desde que en el mes de junio de 2008 se abriera oficialmente el Registro de Entidades Acreditadas en la provincia han sido cerca de 4.000 las empresas almerienses que se han inscrito  para tener la opción de ser contratadas o subcontratadas por la Administración.
Tal avalancha de inscripciones responde a la obligatoriedad establecida por la Ley Estatal de Subcontratación en el sector de la Construcción, y al renovado interés de numerosas empresas de la provincia por obtener contratos públicos.

Planes de pago. Elemento importante en este incremento del interés han sido los planes de pagos a proveedores que se han ido aprobando en estos últimos años y que han tenido la virtud de aminorar los recelos de muchos empresarios, temerosos de no cobrar o de tener que esperar años para poder cobrar las obras reaizadas para ayuntamientos y otras instituciones.
De las cerca de cuatro mil solicitudes que se han presentado desde junio de 2008 y hasta el pasado mes de junio de 2013 la gran mayoría han sido admitidas y en la actualidad la ‘nómina’ de empresas inscritas en ese registro alcanza las 3.537. De ellas 139 se han inscrito en el registro obligatorio puesto en marcha por la Junta de Andalucía en los seis primeros meses de este año.

Riesgos laborales. Una de las razones primordiales por las que se estableció el registro de empresas que quieran trabajar para las administraciones públicas es para disponer de un mayor control de las situaciones laborales, tanto en lo que se refiere a las plantillas como en la adopción de las medidas preventivas para frenar la siniestralidad laboral.
Adriana Valverde, delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, recuerda que la norma tiene como objetivo impedir que las empresas no acreditadas puedan subcontratar y evitar así ka accidentalidad laboral derivada del abuso de esta práctica. Para ello, además de certificar en el registro que cuentan con un plan preventivo y formación específica en esta materia, la Ley ataca directamente una de las principales causas de accidentes como es la precariedad.
La nuevca normativa, de obligado cumplimiento para las empresas que pretendan acudir a licitaciones para la realización de obras públicas, obliga a que las empresas de la construcción incrementen sus plantillas fijas pasando desde el 20 por ciento que era exigible hasta el año 2008 hasta el 30 por ciento actual.

Baja la licitación. El cambio de norma y la avalancha de inscripciones chocan no obstante con la realidad impuesta por la crisis económica y la escasez de recursos de los que disponen las administraciones públicas para abordar inversiones en obras públicas.
Los últimos datos sobre licitaciones públicas, hechos públicos esta misma semana por la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional recoge que ha sido precisamente la provincia de Almería la que menos licitacones públicas ha tenido, con un volumen total de 44,8 millones de euros.
Buena parte de esas inversiones han sido destinadas a las obras de emergencia que se han desarrollado en la zona del levante provincial para reparar los daños que se preodujeron a finales del pasado año como consecuencia de las fuertes lluvias y las riadas que afectaron a varios municipios levantinos.
La Junta, no obstante, quiere trabajar con los empresarios para agilizar en la medida de lo posible las licitaciones y las inscripciones en el registro habilitado para las aspirantes por lo que buscará suscribir un convenio con las organizaciones empresariales.