El caso Poniente acaba sin acuerdo político en el Congreso de los Diputados

El Grupo Popular en el Congreso ha manifestado este miércoles su rechazo a una Proposición no de Ley del PSOE en la que se instaba al Gobierno, en colaboración con la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, a dotar al Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, el que investiga la Operación Poniente, de los medios que precise de acuerdo con lo previsto legalmente, incluido el nombramiento de un juez de refuerzo.

La diputada socialista Gracia Fernández ha sido la encargada de defender la iniciativa, en la que se reclamaba que se refuerce el personal en el juzgado, con un juez y peritos, pero también que se asignen técnicos expertos de la Hacienda Pública o del Banco de España especializados en estos asuntos.

La parlamentaria ha centrado la necesidad de refuerzo en la "ardua tramitación procesal" que lleva la Operación Poniente y que la "gran carga de trabajo" genera "retrasos en todos los procedimientos" y ha justificado su petición en la necesidad de depurar responsabilidades cuanto antes.

Fernández se ha hecho eco de la "preocupación" del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, por la falta de recursos en los órganos judiciales para la investigación de grandes asuntos de corrupción y su referencia explícita al Caso Poniente, y también de la memoria de 2012 de este tribunal, que apunta a éste como "el mayor caso de corrupción política y empresarial de la provincia" y aún "pendiente de detalladas y extensas pruebas periciales".

Sin embargo, los ´populares´ no han respaldado la propuesta del PSOE y han optado por plantear una enmienda, que no fue admitida por la parte proponente, que sustituyera a la petición socialista por otra en la que figurase que el Congreso inste al Gobierno a que, dentro de sus competencias y de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, atienda las medidas de refuerzo para el juzgado almeriense que sean solicitadas por el Consejo General del Poder Judicial.

Y es que, según ha explicado la diputada del PP María del Carmen Navarro, debe ser el Consejo General del Poder Judicial el que determine, en su caso, excepcionales medidas de apoyo judicial consistentes en la adscripción de jueces y magistrados titulares de otros órganos mediante comisiones de servicio. Así las cosas, ha indicado que en el Ministerio, cuando se recibe una solicitud del CGPJ se hace la tramitación pero que, "a día de hoy, no se ha recibido ningún acuerdo del CGPJ en el que se comunique la necesidad de refuerzo en este juzgado".

Además, el PP, que ha recordado que el caso Poniente tuvo un juez de refuerzo hasta que el momento procesal lo "requirió", proponía que la iniciativa también instase a la Junta de Andalucía a que, "dentro de las competencias asumidas en materia de Justicia, ponga medios materiales adecuados y precisos para un correcto ejercicio de la función judicial".