Nuevas instalaciones de la PAH

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Almería (PAH) inauguró ayer de forma oficial su nueva sede, ubicada en la calle Magnesita, número 4. A partir de ahora, este espacio servirá de punto de encuentro para  los miembros del movimiento y para todos aquellos ciudadanos afectados.

El nuevo local de la PAH ha sido cedido por un ciudadano afectado por la hipoteca que está inmerso en un doble proceso de desahucio. De hecho, la oficina de la calla Magnesita es uno de los locales afectados, pero mientras avanzan los litigios, la PAH ha abierto las instalaciones para seguir luchando por el derecho a la vivienda.

José Cazorla, miembro de la PAH en Almería, explicó ayer que el motivo de la inauguración es dar a conocer la sede a todos los ciudadanos almerienses que aún no saben de su existencia.

Varias decenas de personas se unieron a la inauguración que contó con la colaboración del cantautor Sergio Leyva, quien amenizó el acto con algunas canciones de su repertorio, así como hubo un breve recital de poesía reivindicativa con la participación de los poetas almerienses Raúl Quinto y Pepe Criado. Tampoco faltó comida ni bebida en la fiesta.

Las nuevas instalaciones de la PAH se componen de una sala principal, que servirá para realizar las juntas generales; tres despachos, para atender de manera personal a las familias que requieren su ayuda; y una zona de aseos.

“Esto es un problema de todos”, decía José Cazorla. La PAH es una asociación que ofrece apoyo y asesoramiento a todas aquellas familias afectadas por los desahucios. “Un día podemos tener trabajo, incluso un contrato indefinido, y al día siguiente estar en la calle y no poder pagar la hipoteca. Por lo tanto, es algo que nos compete a todos porque nos podría ocurrir a cualquiera”, explicaba Cazorla.

La PAH está formada en la actualidad por unos 20 miembros. Entre ellos se encuentran activistas, que ofrecen apoyo a las familias a la hora de ir a los bancos y ejercen presión sobre las administraciones públicas para que adopten medidas que garanticen el derecho a la vivienda, y un gabinete jurídico, que se encarga de asesorar a los afectados en el proceso judicial, además de intentar cambiar la ley.