El alcalde culpa al PSOE de su imputación judicial

El alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP) prestó ayer declaración en el Juzgado de Purchena por dos presuntos delitos de prevaricación en la adquisición por parte del Ayuntamiento de una vivienda a una mercantil en la que figura como administrador su hermano y la construcción de una plaza en un espacio calificado de zona verde.

Sánchez, quien ha mostrado su postura mediante un comunicado, ha indicado que los hechos por los que ha prestado declaración en calidad de imputado son "supuestas infracciones administrativas que ni existen, ni están acreditadas" y ha lamentado que se hayan judicializado por la vía penal "las vicisitudes del día a día de una administración pequeña como nuestro ayuntamiento".

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En un comunicado, el regidor ha asegurado que, en ambos, casos, se trata de expedientes tramitados con "total normalidad y publicidad en el pleno de la corporación, sin mayor discusión y debate más allá del político" y ha precisado que la ejecución de la obra pública en la plaza se promovió "en el marco del Plan de Obras y Servicios de la Diputación". En esta línea, ha criticado que ambos expedientes hayan "sido llevados años más tarde a un juzgado penal" por parte del PSOE municipal, al que ha acusado de "aprovecharse de estas supuestas infracciones administrativas" que el primer edil niega.

Al hilo de esto, ha apuntado que se cuestiona la legalidad "de la ejecución de una plaza pública que fue tramitada sin mayor incidencia" por la Diputación bajo mandato del PSOE "con informes favorables". Sánchez ha señalado que las denuncias formuladas "contienen tergiversaciones y confusiones, conscientemente formuladas por los denunciantes para incrementar la apariencia delictiva de los hechos, y motivar la intervención judicial", lo que, según ha anunciado, le llevará "una vez todo quede aclarado y se proceda al archivo judicial que espero y deseo, a la exigencia de las responsabilidades pertinentes a los autores de la denuncia".

Por otro lado, fuentes jurídicas han indicado que el regidor, al que la acusación imputa también un tráfico de influencias en este caso, habría reconocido la compra de la vivienda y haber votado a favor en pleno si bien ha señalado ante el juez que "no sabía que era socio de esa empresa y que por eso participó".

También habría admitido que la construcción de la plaza está "paralizada" y que el solar es "aprovechado mientras tanto por el restaurante instalado en un local de su propiedad" y que se instala "una moqueta verde para terraza e, incluso, un castillo hinchable para juegos infantiles". El regidor, según las mismas fuentes, habría afirmado “que la ley que obliga a pedir licencia para ocupar la vía pública no se cumple”.