El vicepresidente primero y portavoz de la Diputación, Javier Aureliano García, ha puesto en duda la utilidad del decreto de la Junta de Andalucía para la regularización de las casas ilegales o fuera de ordenación. “ Las leyes de la Junta no sirven para nada. Son papel mojado”, ha dicho García.
Las declaraciones del vicepresidente, realizadas durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, hacían referencia a la polémica surgida entre ambas administraciones tras el derribo de dos viviendas ilegales de ciudadanos británicos en Cantoria.
García, que se ha congratulado de que la Plataforma Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN) que pide una iniciativa popular legislativa para detener las demoliciones, ha vuelto a lamentar la imagen que se ha dado en Gran Bretaña. “A nosotros nos da igual el número de casas que se hayan tirado. Lo que nos importa es que The Times abra con el derribo de casas en Almería. El mensaje que se está dando es que no es buena para invertir, que no es buena para vivir”.
Y para contrarrestar ese mensaje es para lo que, aprovechando la Feria de Turismo de Londres, va a mantener reuniones con touroperadores y asegurarles que Almería “es segura para venir, invertir y vivir aquí”.
Aunque no se ha mostrado partidario de una amnistía generalizada, el vicepresidente de la Diputación si cree que hay que “ver la situación municipio por municipio” y ver qué casas se pueden regularizar. “La Junta ha sacado muchos decretos, pero no se regularizado ninguna vivienda”, ha afirmado García.
La deuda
El portavoz de la Diputación ha vuelto a insistir “como cada martes” en la deuda que la Administración autonómica mantiene con la Diputación en materia de servicios sociales y que es de 14.470.162,73 euros. “Exigimos que pague y que cumpla los convenios suscritos con la Diputación de Almería para mantener servicios como la residencia, la Ley de Dependencia o el servicio de drogodependencia, que son esenciales para los ciudadanos de la provincia”.
García ha asegurado que la situación es límite “no podemos seguir siendo la tesorería de la Junta”. En este sentido, el vicepresidente ha señalado que comprende la reacción de los alcaldes malagueños que protagonizaron un incidente con la presidenta de la Junta, Susana Díaz.
Sin embargo, tras afirmar que esa situación no cree que se dé en Almería, ha destacado que “nuestro proceder es intentar agotar todas las vías de comunicación habidas y por haber para que la Junta pague”. En su opinión, el Gobierno andaluz “debería o pagar o no firmar convenios por un dinero que no tiene”.
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