El macrojuicio contra la droga deja 21 condenados y 91 años de prisión

El mayor juicio contra una red de tráfico de hachís celebrado en la provincia ya tiene sentencia. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 21 de los 27 acusados a una pena total de 91 años y seis meses de prisión, además de sanciones que suman cantidades multimillonarias.

Entre los condenados están los tres agentes de la Guardia Civil acusados de colaborar con la organización desarticulada en el verano de 2009 por la propia Benemérita. Dos de ellos aceptaron penas de cárcel de seis años  y tres meses por delitos contra la salud pública y cohecho; mientras el tercero, sin destino en el momento de los hechos, fue absuelto de revelar información reservada y cumplirá únicamente los cinco años de cárcel por su participación en un alijo de la playa de Quitapellejos (Cuevas del  Almanzora).

El tribunal, cuyo ponente es el magistrado Juan Ruiz-Rico, juzgó una red acusada de introducir un alijo de 2.500 kilos en un barco pesquero, 3.150 kilos en un lancha rápida en la desembocadura del Río Almanzora e intentar varios envíos en camiones de gran tonelaje embarcados en el ferry entre Almería y Melilla.

Según el tribunal, M. C. y R. S. pertenecían al Servicio Marítimo de la Guardia Civil y aprovecharon su acceso a información privilegiada de las operaciones antidroga en la costa almeriense para “dar cobertura de seguridad” en los alijos.

El tercer agente, F. M. A., había trabajado en el Servicio Marítimo de Castellón, aunque se encontraba sin destino en el momento de los hechos. “No consta acreditado que percibiera cantidad alguna por su intervención como guardia civil, ni que diera cobertura técnica”, dice el tribunal. Tampoco contactó con  sus dos compañeros, por lo que la Audiencia le absuelve de cohecho y revelación de secreto, aunque sí le condena por “su intervención para disponer lo necesario a la colocación en la playa y actuación conjunta de los descargadores de la droga” en la zona de Quitapellejos.

Según expuso la Fiscalía Provincial durante la vista oral del juicio, F. M. A. se reunió con miembros de la banda en una gasolinera de Palomares (Cuevas del Almanzora) y se encontraba en una playa cercada la noche del alijo. Según declaró el acusado, “estaba pescando”. El tribunal no le cree y le condena a cinco años de prisión y a una multa económica de cuatro millones de euros.

Del resto de implicados en la red de narcotráfico (cuatro están desaparecidos) el peor parado por la sentencia, a la que ha tenido acceso LA VOZ DE ALMERÍA, es Mimoun A. B. M. que tendrá que cumplir 16 años de prisión.

La Audiencia Provincial de Almería comparte el criterio de la Fiscalía en sus calificaciones y le sitúa en la cúspide de la jerarquía de la banda criminal. “Planificó, como directivo de la estructura delictiva, la realización de los actos necesarios para introducir en la Península, procedentes de Marruecos, grandes cantidades de hachís”, recoge el documento judicial.

Mimoun A. B. M. tiene 42 años, es marroquí, residía en Melilla y es el máximo responsable de la banda junto a otros dos ciudadanos magrebíes identificados por la Guardia Civil pero en busca y captura en estos momentos.

Por debajo de ellos, dos personas se ocupaban de la logística de los envíos, un ciudadano italiano residente en Huelva e identificado como Bruno T. (condenado a 10 años y medio de cárcel) y un vecino de Enix, reseñado como José E. V., cuya colaboración con la Justicia le ha valido una sustancial rebaja en la pena (tres años de cárcel).

La Guardia Civil investigó a la organización durante buena parte del año 2009. La primera aprehensión se produjo en el puerto deportivo de Roquetas de Mar a bordo de un barco conocido como Lebrel Uno y cargado con 2.500 kilos en 80 fardos de arpillera.

El segundo envío detectado por la investigación se produjo en la mencionada playa de Cuevas del Almanzora. Una lancha arribó con 3.150 kilos de hachís procedentes de Marruecos y valorados en casi cinco millones de euros en el mercado clandestino.

Finalmente, los últimos transportes se frustraron por la presión policial y las dificultades logísticas. Las escuchas telefónicas expuestas durante el juicio en la Audiencia Provincial pusieron de manifiesto los intentos de cargar en Marruecos y viajar en ferry. Por ello se les condena por conspiración.