La Junta niega la amnistía para las viviendas ilegales

La Junta de Andalucía sigue sin hacer públicas las medidas que, según ha asegurado recientemente, está barajando para resolver las deficiencias del actual decreto de regularización de viviendas ilegales. La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha afirmado en el Parlamento andaluz que la reconducción a la legalidad de las viviendas fuera de ordenación no "puede ser rentable para el infractor, ni puede generar costes a las administraciones públicas" por lo que no puede haber “amnistía para todos", ha añadido.

Durante su intervención en comisión parlamentaria, Serrano ha aseverado que esta problemática es una "responsabilidad de todos y no sólo una función administrativa", por lo cual es preciso avanzar hacia una nueva cultura del territorio, en la que la sostenibilidad se entienda como sinónimo de calidad y buen orden territorial. La titular de la consejería ha recordado que según las Leyes de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y de la Autonomía Local de Andalucía, la disciplina y protección de la legalidad urbanística corresponde a los ayuntamientos, mientras que a la Junta se le atribuye la intervención en determinados actos para la tutela de bienes o derechos de interés general.

Repetición del discurso

El parlamentario del PP de Almería, Miguel Ángel Castellón, ha criticado en el mismo Pleno que la consejera, que ha comparecido a petición del Grupo Popular, haya hecho “el mismo discurso que su antecesora hace dos años”. Castellón ha manifestado que estamos ante un “auténtico problema” que se está llevando por delante “ahorros” de familias que en su día adquirieron de buena fe una vivienda con licencia municipal, además de frenar las expectativas de futuro y de recuperación económica de cientos de trabajadores del sector de la construcción, y dañar y el buen nombre de Andalucía.

El parlamentario popular, que ha pedido de nuevo un cambio en la LOUA, ha criticado el decreto de regularización de viviendas que está en vigor desde el año 2012. Un documento que ha considerado “inútil” al no haber legalizado “ni el 10% de las casas”. Los populares han lamentado que la Junta “niegue una solución para las 13.000 viviendas ilegales que hay en la provincia de Almería”.