12.000 personas acuden al turno de oficio por falta de recursos

La crisis ha radicalizado la posición de los ciudadanos ante la Justicia. Mientras el número de litigios ha aumentado como consecuencia de los despidos, las reclamaciones de cantidad, los concursos de acreedores, los desahucios y otros procedimientos avivados por la situación económica, crece también la cifra de almerienses sin recursos suficientes para defenderse ante los tribunales.

Según estadísticas de la Consejería de Justicia e Interior, en el año 2013 la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la provincia de Almería recibió 12.000 solicitudes, de las cuales aprobó 11.700 hasta el mes de diciembre. Más aún, en el trienio de 2008 a 2011, en pleno paroxismo de la crisis económica, 50.000 almerienses acudieron al turno de oficio (con 94 por ciento de informes favorables) para buscar amparo en sus procedimientos judiciales.

La comparación con ejercicios previos a la crisis ejemplifica este ascenso en el número de peticiones de abogados y procuradores. En el año 1997, cuando la Junta de Andalucía se hizo cargo de las competencias de Justicia transferidas por el Estado, las solicitudes de asistencia letrada fueron sólo de 1.126, menos de un 10 por ciento de las registradas actualmente.

Unos 600 letrados del Colegio de Abogados de Almería participan actualmente de las listas del turno. A ellos se suman los profesionales inscritos en el programa del Colegio de Procuradores.

Acuerdo para los pagos

La financiación de este servicio la asume íntegramente la Junta de Andalucía, no exento de conflictos. Más demandantes significa también mayores costes de mantenimiento, en un momento donde las arcas públicas se resienten. Los colegios de Procuradores y Abogados de Almería certifican los servicios prestados (guardias y seguimiento de los casos hasta sentencia firme) y luego la Junta de Andalucía los abona.

Este mecanismo ha supuesto una queja casi endémica por parte de los profesionales que reivindican cantidades más generosas (con el último ajuste presupuestario se acortaron un 10 por ciento los módulos de remuneración) y, al mismo tiempo, mayor celeridad en estos ingresos.

Aunque la tensión entre abogados y Administración se ha reproducido periódicamente, los últimos acuerdos alcanzados abren un periodo de estabilidad. El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, se comprometió a abonar todos los servicios certificados en 2013 antes del mes de abril y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) dio por buena la medida y paró el calendario de protestas que ponía sobre la mesa.

En este sentido, la Consejería de Justicia ha señalado que desde que comenzó la legislatura la Junta “no se ha dejado de abonar mensualmente diversas cuantías y sólo en lo que va de año se ha destinado ya más de 34 millones a abogados y procuradores por este servicio”.

Las tasas

Por otra parte, las tasas judiciales implantadas hace un año por el Ministerio de Justicia provocan una onda expansiva en el sector. Los ciudadanos, con las mencionadas dificultades económicas, se ven obligados a abonar importantes cantidades para poder acudir a los tribunales.  Sólo en el partido judicial de Almería, el nuevo coste ha causado una reducción de más de 34 por ciento en los asuntos civiles.

Pero, además, la tasas abre otro frente de debate porque la recaudación obtenido no se ha transferido a las comunidades autonómicas para el pago de la asistencia jurídica gratuita, como había justificado el ministro Alberto Ruiz Gallardón. Según el consejero Emilio de Llera, “estas tasas son un fracaso y no están sirviendo para arreglar los problemas de la Justicia ni acabar con el alto volumen de litigiosidad y carga de trabajo de los juzgados”.