Afectados de casas ilegales piden voz para una solución

Las tres principales formaciones políticas de Andalucía se han reunido en los últimos días, de forma independiente, con algunas de las asociaciones mayoritarias de afectados por las viviendas ilegales. Ha sido el caso de la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP andaluz, Alicia Martínez, quien ha mantenido un encuentro con dos de los principales colectivos, AUAN (Almería) y SOHA (Málaga).

Martínez ha explicado que las exigencias de los populares, que demandan un cambio en la ley urbanística, no pretenden “una amnistía, sino legalizar mediante un procedimiento que garantice el cumplimiento de la Ley y la protección del Medio ambiente, y sobre todo de resolver un problema debido a la dejación de funciones del gobierno andaluz”.

La parlamentaria popular ha pedido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que antes de proponer nuevos modelo urbanísticos “ofrezca soluciones a las 300.000 familias afectadas por la situación de ‘alegalidad’ de sus casas”.

Último encuentro

Los representantes de AUAN aprovecharon la visita a Sevilla para reunirse con parlamentarios de Izquierda Unida, a quienes plantearon las mismas inquietudes que al resto: La petición de cambiar la ley y solventar el problema de la construcción en parcelación que actualmente no prescribe, además de la creación de una comisión que represente a todas las partes afectadas.
Por otra parte, en la jornada de ayer la presidenta de AUAN, Maura Hillen y el abogado de la asociación, Gerardo Vázquez, han mantenido otra reunión en Albox con el secretario general del PSOE en Almería, José Luis sánchez Teruel; la secretaria de Política Municipal, Adela Segura y el alcalde, Rogelio Mena, entre otros ediles y regidores del Almanzora.

Sánchez Teruel ha manifestado que el encuentro era “necesario para hablar con los afectados y saber cómo ven la situación”. En esta línea, les ha comunicado la “voluntad” de la Junta  para “avanzar en la búsqueda de soluciones” y ha ofrecido a los afectados la posibilidad de mantener un encuentro con los responsables de esta materia en el Gobierno andaluz, para que sean ellos “quienes les trasladen las soluciones y propuestas” que actualmente está estudiando la Junta.