El agua ‘calienta’ a media provincia

Los 23 municipios del Levante y el Almanzora tienen que decidir si aprueban o no los cambios decididos por la Diputación Provincial sobre los estatutos de la empresa pública de Gestión del Agua del Levante Almeriense (Galasa), que presta servicios a 26 pueblos, de los que esos 23 son accionistas y el resto tienen convenios firmados con la empresa.

Y la decisión no parece que sea fácil de tomar para los 15 ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Sus alcaldes se encuentran ante la disyuntiva de   seguir las directivas marcadas por su partido desde la Diputación o llevar al pleno municipal una propuesta guiándose estrictamente por los intereses de su municipio y que, dependiendo de cada caso, puede ser de apoyo o de rechazo a los nuevos estatutos.

La empresa, de la que la Institución provincial tiene el 51% de las acciones, arrastra una deuda de más de 20 millones de euros, una de las causas que, según los responsables provinciales, hace necesario este cambio de estatutos.

Junto a la necesidad de reducir esa deuda de forma que la empresa continúe siendo viable, la Diputación insiste también en que hay que buscar un equilibrio entre lo que pagan todos los pueblos a los que Galasa da servicio. Y esta cuestión es una de las que más dudas plantean a muchos alcaldes, ya que no está nada claro cómo va a quedar el recibo del agua que acabarán pagando los vecinos.

Es posible que, en algunos casos, este equilibrio que persigue Diputación suponga una rebaja en el coste, pero, en otros, la mayoría según insiste desde el pasado verano el Partido Socialista, les supondrá pagar más.
Además, los socialistas critican la pérdida de capacidad de decisión por parte de los ayuntamientos sobre temas tan sensibles como las tarifas del agua o la cesión de infraestructuras municipales a Galasa o el reparto entre todos de la deuda de la empresa.

Según los planes iniciales, los ayuntamientos se tenían que haber pronunciado sobre su apoyo o rechazo a las nuevas normas el 16 de febrero, sin embargo, solo tres, Taberno, Pulpí y Vera, han llevado al asunto a su pleno, logrando el apoyo de dos y el rechazo de Vera. Eso sí, el caso de éste es diferente, ya que la gestión del  agua la realiza Codeur, una empresa mixta con el 49% participación municipal.

Elecciones

Otros, como los de Garrucha, Antas o Carboneras no se han decidido aún. Todos coinciden en que los cambios no les gustan y temen que, cuando ya se vislumbran las elecciones municipales de 2015, una decisión equivocada en un tema tan sensible como el abastecimiento del agua pueda costarles la alcaldía.

Mientras, el PSOE desde su Secretaría de Política Municipal e Institucional, con Adela Segura, a la cabeza, y el PP desde la propia Diputación, calientan el ambiente con acusaciones mutuas.

Segura reprocha al PP que los nuevos estatutos incluyen “condiciones abusivas” y desde Diputación, unas veces Javier Aureliano García y otras Miguel Ángel Castellón, se le piden explicaciones a los socialistas sobre cómo su partido generó la deuda de Galasa cuando gobernaba en la Institución provincial.
Los plazos corren, los alcaldes dudan y los partidos continúan enfrentándose.