El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Berja, Jesús Martínez Torrente, acordó, hace unos días, el desalojo de las casas ocupadas ilegalmente desde enero de 2013 en la barriada del Cerro San Roque, de Berja.
Esa orden se cumplía a primera hora de la mañana del pasado jueves, 27 de febrero, cuando agentes de grupos especiales llegados de Almería, apoyados por guardias del puesto de Berja desalojaban las dos últimas casas que estaban habitadas, sin ningún tipo de violencia.
Días antes, enterados de la resolución judicial de desalojo, las casas, terminadas hace 3 años por la empresa Roqueber, fueron quedando, poco a poco, vacias hasta culminar con el desalojo completo de los ocupantes ilegales.
Algo más de un año ha durado esta situación. En enero de 2013, aún en navidades, según contaban los ocupantes ilegales de estas casas, sitas en la calles La Siega; Las Eras y los Cerezos, se corrió la voz por el barrio que gente que iba a venir de fuera iban a entrar en las casas y, lo tuvieron claro, para que lo hicieran personas de fuera del Cerro San Roque, decidieron entrar ellos, familias que vivían, la mayoría de ellos, con familiares en viviendas pequeñas, necesitados de espacio. Desde el principio fueron conscientes de la ilegalidad cometida, abogando algunos por pagar una renta acorde con sus posibilidades.
Limbo legal
En este año transcurrido, parecía vivirse en un “limbo legal”, según decía el Alcalde de Berja, Antonio Torres, que de inmediato puso en conocimiento de la autoridad judicial de lo sucedido, ya que el promotor (Roqueber) no se hacía cargo de la situación y estaba a la espera de entregar la construcción a la entidad bancaria que había puesto el dinero para la realización de los inmuebles. El desalojo de las viviendas demuestra claramente que la situación se ha desbloqueado.
Ahora continuará el procedimiento judicial abierto contra los ocupantes de las casas, llegándose a celebrar juicio oral si no hay acuerdo previo entre las partes.
Delito tipificado en el Código Penal
Según dispone el artículo 245 del Código Penal, al referirse al delito de usurpación, dice que, “al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado”.
Ya se está procediendo al tapiado de puertas y ventanas para evitar nuevas ocupaciones.
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