El 80% de pueblos ya ha abordado las casas ilegales

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha afirmado que el desarrollo del Decreto de Regularización de Viviendas Ilegales en Andalucía, aprobado en nero de 2012, se encuentra en una primera fase de tramitación, “cuyo impulso corresponde a los ayuntamientos”.

Según ha manifestado Serrano en su intervención ante en el Parlamento Andaluz, son los municipios “los que tienen que poner en marcha el proceso, por iniciativa propia o a petición de los interesados”, para que el resto de la norma se pueda aplicar.

Pero no todas las provincias han puesto en marcha con la misma intensidad los procedimientos que el decreto contempla para el análisis y estudio del suelo no urbanizable.

Almería se encuentra a la cabeza en cuanto a la tramitacion, por parte de los ayuntamientos, del mencionado decreto. Así, según los datos facilitados por la Junta, en la provincia de Almería el 20% de los municipios ha tramitado y aprobado el documento de avance y el 9% se encuentra en tramitación.

Innecesario en el 52%

Además, la declaración de innecesariedad (cuando el ayuntamiento estima que no hay ningún supuesto que se ajuste a lo que el Decreto regula) ha sido utilizada por el 52% de los municipios, por lo que sólo el 20% no ha adoptado ningún acuerdo para poner en marcha la aplicación del decreto andaluz.

Aunque en el caso de Almería los datos demuestran que los consistorios han trbajado a buen ritmo, Serrano ha animado a las corporaciones locales a que sigan trabajando en este ámbito y ha asegurado que “es fundamental que los municipios realicen un diagnóstico exhaustivo de la situación real de su territorio y en base al mismo establezcan la estrategia más adecuada para abordar la solución a la problemática existente”.

La titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha explicado que para que el Decreto “despliegue todos sus efectos”, los municipios tienen que definir qué viviendas irregulares se encuadran en los asentamientos urbanísticos, con qué hábitats rurales diseminados cuentan y por último, cuáles son las edificaciones aisladas cuyas reconducción debe venir de la mano de la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO). María Jesús Serrano ha recordado que pueden acogerse a los AFO aquellas obras, instalaciones o edificaciones para las que han cumplido los plazos para poner en marcha medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística.

En definitiva, se trata de aquellas “situaciones en las que no se puede restaurar el orden jurídico perturbado y en las que no es posible, ni legal ni materialmente, llevar a cabo actuaciones de demolición”, ha concluido Mará Jesús Serrano.

“No caben soluciones únicas”

La consejera ha explicado que la diversidad de Andalucía hace que la aplicación del Decreto sea diferente dependiendo de la provincia. “No caben soluciones únicas y es necesario que revisemos algunos extremos de nuestra normativa que, ante la disparidad de situaciones, crean tratamiento injustos”. Así, “no tienen nada que ver las viviendas irregulares sobre las parcelaciones de Almería o de Málaga, con los asentamientos de Córdoba o Cádiz”.